Hoy se celebra el día internacional de protección de datos personales y Chile aún no tiene decidida la institucionalidad que se encargará de velar por este trascendental derecho relacionado con la privacidad de los ciudadanos. Ante ello, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, adelanta a PULSO la propuesta que tiene la institución encargada de velar por el correcto funcionamiento de acceso a la información pública, y que al mismo tiempo asegure respeto a la protección de la información privada de las personas. Hay cierto acuerdo en mejorar el proyecto de ley de protección de datos, no obstante, esto ha sufrido un retraso.

En este contexto, ¿cómo se inserta la acción del Consejo para la Transparencia?

—Nosotros actualmente por Ley de Transparencia tenemos la obligación de velar por la protección de los datos personales en el ámbito de nuestras atribuciones. Al mismo tiempo, debemos velar porque no se entreguen datos personales sensibles, aunque estén en poder de la administración pública. Pero viendo la forma en que ha evolucionado la discusión sobre la legislación de datos personales y las dificultades que ha habido para llegar a soluciones institucionales que sean eficientes, hemos optado por hacer una propuesta que estamos en curso de presentarla al ministro de Economía y al de Hacienda. Estamos afinando esa propuesta para hacer las presentaciones, en la cual lo que estamos planteando es que el Consejo para la Transparencia asuma también el rol de tuición sobre la protección de datos personales.

¿Cómo queda el anterior anteproyecto de ley frente a esta propuesta?

—Creo que los fundamentos del anteproyecto de ley que se planteó en su momento están bastante claros y dan respuesta al problema, pero no es eficiente para el país. Chile no está en condiciones de crear instituciones nuevas cuando hay otras que pueden asumir razonablemente la función. Es un tema de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Una de las razones por la cual creemos que el Consejo para la Transparencia puede asumir esas funciones es porque tenemos la experiencia de haber puesto en marcha la política de acceso a la información pública que, contrario a lo que a veces se percibe desde afuera, no consiste solamente en resolver los reclamos que presentan los ciudadanos a sus solicitudes de información, sino que va mucho más allá, en la promoción, en la capacitación, en las recomendaciones a los órganos públicos respecto de cómo organizarse para cumplir con la ley. Entonces, como ya tenemos la capacidad de generar y mejorar procesos en forma continua, creemos que podemos acometer esa tarea con más eficiencia que si se crea un órgano nuevo, o si se le da esto a otros órganos que tienen el peso de otras funciones y que además son órganos más antiguos que tienen más dificultades de adaptación.

¿Cuándo tienen previsto presentar esta propuesta?

—Los próximos días tenemos una cita con Hacienda para entregar la especie de anteproyecto de ley que tenemos al respecto y estamos pidiendo una cita con Economía. Además, queremos conversarla con distintos stakeholders, esencialmente con las organizaciones no gubernamentales y académicos que han estado en la discusión de esta materia.

¿Cuántos recursos adicionales necesita el Consejo para la Transparencia para cumplir esta labor?

—El presupuesto del Consejo para la Transparencia asciende a $5 mil millones, por lo que preliminarmente estimo que se deberían sumar un 50% más de recursos para financiar la dotación. Este monto tomando en cuenta que el funcionamiento sería gradual y el primer año habría una focalización de ciertas bases de datos personales que proteger, por lo que esta cifra a medida que aumenten las funciones podría crecer.

¿Cómo se garantiza la autonomía en este sistema?

—La independencia y la autonomía más que estar relacionadas con el rango constitucional que se le quería dar a la agencia en el anteproyecto de ley, creemos que está relacionada con la fuerza que tenga la ley y con la estructura de gobierno corporativo de la institución. Nosotros no tenemos rango constitucional, pero consideramos que de hecho somos completamente autónomos. Eso ocurre porque tenemos cuatro consejeros que son propuestos por el Presidente de la República pero son ratificados por el Senado y tenemos plazos fijos en nuestros cargos, es decir, no nos pueden sacar porque a alguien no le gusten nuestras decisiones.

¿Qué cambios deberían haber dentro del Consejo y cómo funcionaría este modelo?

—Una de las modificaciones que necesariamente tendría que hacerse es que los consejeros no podrían trabajar en el Estado ni en el sector privado y por lo tanto tendrían que ser de dedicación exclusiva. En segundo lugar creemos que sería necesario, a grandes rasgos, tener una composición que mezcle una especialidad en el ejercicio de ambos derechos, tanto protección de datos personales como acceso a la información.

Y dentro del mismo Consejo tiene que haber una instancia de procedimiento que permita resolver cuando hay un conflicto entre ambos derechos. Que eso tenga un proceso de resolución dentro del Consejo, sin perjuicio de que así como hay un recurso de ilegalidad para el acceso de información, también debe haber uno similar para la protección de datos personales.

En ese sentido, ¿qué opina de que el Gobierno tenga ahora la idea de cambiar la ley de protección de datos más que plantear una nueva?

—Me imagino que el motivo es que el Ejecutivo quiere probablemente una ley más simple, que se concentre en algunos aspectos más fundamentales que en detalles para darle más simplicidad legislativa. Y claro, en ese sentido, uno tiende a pensar que es mejor modificar la ley que existe haciéndole ajustes que pueden parecer como menores, pero desde el punto de vista del verdadero ejercicio del derecho, creemos que es muy difícil hacer una ley modificatoria, simple, que efectivamente sea eficaz para la protección del derecho y que entregue garantías de que la discusión no va a ser tan fuerte. Creo que si queremos realmente proteger el derecho, llamémosle ley modificatoria o nueva legislación o como queramos, ésta tiene que ir al fondo del asunto, de manera tal que la discusión sea imposible de soslayar.

¿Con todo, cómo se puede lograr una buena implementación?

—Creo que si se resuelve el tema institucional, se puede bajar una barrera para poder efectivamente ir a legislar. Cuánto se profundiza, ya es una materia de graduación. Por ejemplo, nosotros pensamos que la ley puede ser muy profunda, pero que puede tener cierto período de vacancia para que se pueda implementar gradualmente, focalizándose primero en aquellas bases de datos que son las que manejan mayor información y que están más en peligro de desprotección del dato personal. Gradual no significa que no se implemente, sino que con ciertos plazos razonables. Por eso justamente decidimos trabajar en esta propuesta.