• Destacó el enfoque preventivo de las acciones que implementarán en la policía uniformada y subrayó el rol del ente contralor, con el que han trabajado coordinadamente en pro de la instalación de un ecosistema de transparencia y probidad.

Ante un escenario de crisis de confianza en las instituciones, la que se ha visto profundizada a partir de casos emblemáticos que involucran a a ex autoridades del alto mando de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de las policías, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, felicitó el acuerdo alcanzado entre Carabineros de Chile y la Contraloría General de la República para avanzar en acciones que permitan fortalecer un buen uso de los recursos del Estado y evitar actos en contra del principio de probidad en la función pública.

“Cualquier acción que apunte a reformar prácticas que, como hemos visto, terminan por afectar negativamente la confianza en instituciones clave para la democracia, como es el caso de Carabineros y las Fuerzas Armadas, es una excelente noticia”, afirmó la titular de Transparencia.

La representante del CPLT subrayó la perspectiva de colaboración y de prevención que involucra la coordinación que anunciaron Contraloría y la policía uniformada. Al respecto comentó que: “Como Consejo para la Transparencia, hemos desarrollado un trabajo muy cercano con la Contraloría General de la República en lo que denominamos un ecosistema de transparencia y probidad”.

Agregó que: “esperamos que Carabineros y las FFAA participen de iniciativas como ésta, orientadas a trabajar en la apertura y en una cultura de transparencia y rendición de cuentas con un enfoque preventivo”.

Asimismo, la presidenta del Consejo se refirió a la Ley que Fortalece la Probidad y Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad recientemente publicada, que incluye entre otras acciones auditorías a las declaraciones de patrimonio e intereses y la creación de unidades de auditoría en ambas policías. “Son mecanismos de control que deben reforzarse y que son avances concretos”, recalcó.

Sin embargo, instó también a revisar el Código de Justicia Militar, en particular su artículo 436, el que desde una interpretación amplia de la causal de reserva por Seguridad de la Nación ha permitido que información que el Consejo para la Transparencia ha calificado de pública, a partir de decisiones de amparos presentados ante el organismo, se mantengan como secretos y no sean entregados a quienes lo solicitan usando la Ley de Transparencia.