Una baja evaluación de la calidad y cantidad de información sobre la emergencia por Covid-19 entregada a la ciudadanía en general, y altos niveles de acuerdo con sacrificar la privacidad a favor del control del contagio, fueron parte de los principales resultados del el IX Estudio Nacional de Percepción de Funcionarios públicos del Consejo para la Transparencia.

Los funcionarios tuvieron opiniones mayoritariamente negativas sobre la información asociada a la pandemia en general, sin diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de organismo en el que se desempeñaran. Esto quedó evidenciado en que todas las calificaciones obtenidas por distintos organismos se mantuvo bajo la nota 5,0 en una escala de 1,0 a 7,0. Cabe destacar que las cifras fueron obtenidas a partir de una encuesta desarrollada entre noviembre de 2020 y los primeros días de enero de este año.

La mejor nota correspondió a las medidas sanitarias implementadas para evitar los contagios (con un promedio, de 4,8), seguida de los protocolos de desplazamiento (con un 4,4). Las notas bajan, pero se mantienen sobre el 4,0 en el caso del número de contagiados y fallecidos (con promedios de 4,2 y 4,1 respectivamente).

“Entre los trabajadores y trabajadoras del sector público predominaba, previo al inicio del proceso de vacunación, una mala evaluación de lo realizado en materia de entrega información sobre la pandemia por Covid-19. Entre lo mejor evaluado entre noviembre de 2020 y enero de este año aparecían las medidas sanitarias para evitar los contagios –como el uso de mascarilla o el lavado de manos-; y las peores, se asociaban con materias económicas”, detalló la titular de Transparencia.

Reprueba información sobre medidas económicas

Los servidores públicos calificaron con nota roja la información sobre la ayuda que entregó el Estado (a las personas con un promedio de 3,8 y a las empresas con un 3,5), recibiendo la peor nota el detalle del gasto fiscal en el que se incurrió para enfrentar la pandemia, con un 3,3 promedio.

Esta baja evaluación general de la información se explica también a partir del alto nivel de acuerdo que existe entre los funcionarios con que universidades o centros estudios publiquen cifras paralelas a las del Gobierno; un 74% de los funcionarios considera positiva la publicación de cifras desde otras fuentes.

Dada la profundidad de la crisis, que requirió de medidas y esfuerzos combinados desde diversas instituciones, se pidió a los encuestados evaluar el accionar de distintos actores, evidenciándose diferencias importantes entre organismos asociados a la gestión sanitaria – los Servicios de Salud (5,9) y el Colegio Médico (5,0)- con el Gobierno y el Congreso Nacional –las notas más bajas entre las instituciones evaluadas: 3.6 y 3.0, respectivamente-.

Sacrificar los datos personales por la situación sanitaria

Los resultados de la medición del CPLT mostraron además que, mayoritariamente los funcionarios públicos están muy de acuerdo o de acuerdo (52%) con sacrificar la privacidad de sus datos personales si eso ayudara a combatir la pandemia. “Hemos visto que hay consenso entre los funcionarios públicos en torno al respeto de los derechos de los ciudadanos en materia de datos personales, pero en el contexto de una emergencia sanitaria una mayoría está dispuesta a sacrificar su privacidad en pro del control de la pandemia”, explicó  la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente.

En este ámbito, sin embargo, el estudio sí evidenció diferencias importantes según el estamento al que correspondiera el servidor público. A mayor nivel jerárquico, aumentó el porcentaje de acuerdo (69% de directivos, 58% de los profesionales y 45% de no profesionales). En este sondeo por primera vez se incluyó la opinión de los funcionarios de organismos autónomos, quienes mostraron un mayor porcentaje de acuerdo (62%), seguido por funcionarios municipales (59%) y luego los recursos humanos de la administración central (50%).

Este nivel de acuerdo con respecto a estas medidas se incrementa aún más cuando se especifican las acciones que se podrían implementar para contener la pandemia, tales como: monitorear la ubicación de contagiados/as vía celular (71%), informar vía celular a los contactos estrechos de una persona contagiada (68%), usar cámaras o drones en lugares públicos para monitorear el cumplimiento de las normas sanitarias (67%) y entregar datos personales de contagiados a las municipalidades para que mantengan sus registros y tomen las medidas que estimen pertinentes (66%).

Ante estos resultados, la presidenta del CPLT comentó: “La protección de datos personales y una adecuada gestión de la pandemia no es excluyente ni tampoco contradictorio”.