Marcelo Drago consideró altamente positiva la creación de una nueva comisión de unidad nacional por la transparencia y probidad que apunte a desterrar actos de corrupción tanto del sector público como privado. Subrayó que existe la necesidad de legislar sobre la corrupción entre privados y perfeccionar la ley del Lobby y de responsabilidad penal de personas jurídicas.

 

Desde hace unas semanas el Consejo para la Transparencia se ha reunido con distintas autoridades tanto del poder Ejecutivo como el Legislativo en el marco del cumplimiento de los 10 años de la Ley de Transparencia con el objetivo de buscar una nueva reforma que aborde cambios profundos sobre Transparencia, además, de probidad y anticorrupción que contribuyan a mejorar el sistema y –con ello- mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de la república.

Es por este motivo que el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, consideró altamente positiva la iniciativa que baraja el Gobierno -anunciada por el Ministro Segpres, Gonzalo Blumel-  de realizar una nueva comisión de unidad nacional, esta vez centrada en una agenda de transparencia, probidad y medidas anticorrupción.

 

“El Consejo para la Trasparencia saluda la prontitud en que el Ejecutivo ha reaccionado ante la necesidad de modificar la mirada de la transparencia y probidad y darle una perspectiva actualizada, acorde a las necesidades de la sociedad que además contribuya a mejorar el sistema al 2030 y, además, mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de la república que según nuestras estadísticas siguen siendo vistas de manera muy negativa”, subrayó.

 

Drago se refiere precisamente al IX Estudio Nacional de Transparencia del CPLT que señala que un 78%, esto es ocho de cada diez chilenos, considera que las instituciones del Estado son “muy corruptas”. Asimismo, un 86% de los encuestados afirma “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”, lo que reafirma la idea de que la crisis de confianza está lejos de terminar.

 

Marcelo Drago consideró altamente la nueva comisión de unidad nacional por la transparencia y probidad debe apunta a desterrar actos de corrupción tanto del sector público como privado  ya que a su parecer “existe la necesidad imperiosa de legislar sobre la corrupción entre privados, así como perfeccionar la ley del Lobby y de responsabilidad penal de personas jurídicas”.

 

Según el titular de transparencia, para revertir la desconfianza ciudadana se necesitan esfuerzos transversales, con medidas necesarias para despejar cualquier rastro de “opacidad”, por lo que a su juicio una reforma en este ámbito es la única forma de “mover la aguja” y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República.

 

Finalmente, para el Presidente del Consejo para la Transparencia sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia. Por eso sostiene que “el Consejo para la Transparencia debe liderar el proceso de instalación de esa cultura, pero no podemos estar solos en ello; requerimos del trabajo comprometido de todos los actores de la sociedad, por eso la importancia de la iniciativa del Ejecutivo en la materia”