Jaraquemada propone controles externos además de subrayar la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la Fiscalía de la Región de O’Higgins.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó su preocupación por los hechos que se han conocido recientemente y que afectan al Ministerio Público, tras la seguidilla de denuncias y acusaciones vinculadas a dos de sus persecutores.

El titular del CPLT calificó de “graves” los hechos afirmando que “implican horadar de forma paulatina la credibilidad de nuestras instituciones”. A partir de un análisis general, Jaraquemada explicó que en el país “pasamos desde un estadio donde teníamos irregularidades o corrupción en casos aislados, a una situación donde la frecuencia ha aumentado mucho y además se ha ido generalizando”.

Asimismo, apuntó a que “Más allá de la cuestión específica, de una institución o de otra, lo verdaderamente preocupante tiene que ver con que en el último tiempo hemos ido conociendo una serie de situaciones de carácter irregular y en algunos casos de carácter derechamente delictivo, que han ido horadando la credibilidad que la ciudadanía tiene respecto de un sinnúmero de instituciones que son pilares fundamentales de la democracia”.

Consultado por las acciones que podrían emprenderse para enfrentar esta situación, el presidente del Consejo espetó que un camino podría ser tomar crisis como estas como “una ventana de oportunidad”. Afirmó que “lo han sido en otros momentos de nuestra historia a partir de hechos puntuales que han generado crisis o polémica y que han gatillado una serie de cambios por la vía regulatoria, lo que ha conllevado un salto cualitativo que nos ha permitido superar este tipo de dilemas”.

También apuntó a la necesidad de controles externos, como en el caso de la Fiscalía. “Frente al tema del Ministerio Público una solución que se ha visto en la experiencia comparada es que los controles sean externos y no solamente estén entregados a la mera autoregulación de la propia institución”, finalizó el representante del Consejo.

Días antes el titular de Transparencia subrayó la necesidad de repensar las herramientas institucionales para el Ministerio Público a casi 20 años del inicio de la Reforma Procesal Penal, tras la crisis desatada en la fiscalía de Rancagua.