- El Consejo para la Transparencia (CPLT) preparó documento con recomendaciones orientadas a prevenir prácticas de corrupción que han colaborado con la percepción de injusticia a nivel país. Lo mismo han hecho organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público y Chile Transparente.
- La relevancia de la agenda corta analizada en este encuentro organizado por el CPLT y el CEIUC, señaló el titular de Transparencia, radica en la idea de que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”.
Propuestas para mejorar la regulación en materia de corrupción, impunidad y abusos en los sectores público y privado, analizaron esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, y la directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada.
Esto en el marco de un conversatorio realizado en la Facultad de Derecho de la UC y moderado por el director del Centro de Estudios Internacionales (CEICUC) de esta casa de estudio, Jorge Sahd, instancia en la que se analizó la situación que vive el país y en este contexto una serie de medidas que estas instituciones plantean como parte de las acciones que pueden emprenderse para descomprimir la situación generada tras el estallido social que se inició el pasado 18 de octubre.
El máximo representante del CPLT y de las organizaciones de la sociedad civil presentes, coincidieron en que la situación de corrupción en Chile estaba mostrando algunos elementos que podían asociarse a un “semáforo en rojo” en términos de evidencia ante situaciones de corrupción. En particular, Jaraquemada enfatizó en la relevancia del debate dado que “un elemento básico de la desconfianza es la corrupción”, la que además deslegitima el sistema político “lo que contribuye a situaciones como las que se viven hoy”.
El titular de transparencia, sostuvo además: “teníamos un diagnóstico de que Chile mostraba un alza en la desconfianza hace más de una década”. Según señaló, actores involucrados en actos de corrupción comenzaban no a ser sistemáticos, pero si más frecuentes, “lo que generaba un riesgo real” por sus costos políticos, económicos y sociales.
Respecto de la percepción de la ciudadanía explicó que: “Había en Chile una suerte de resignación frente a situaciones que la gente percibía como injustas, esa resignación se va transformando en frustración y esa frustración por muy diversos temas –salud, pensiones, entre otros- confluye en el elemento común que es la desigualdad”.
Antes del estallido social, recordó el titular del Consejo para la Transparencia, la entidad había propuesto un “Acuerdo nacional anti corrupción”, documento que reunía una serie de mejoras a regulaciones vinculadas a reducir espacios de secretismo y en la que se revisaban una serie de experiencias internacionales que apuntaban a prevenir abusos e irregularidades en ciertos ámbitos.
En el contexto actual se plantea implementar agenda corta para combatir la corrupción, irregularidades y faltas a la probidad. En el conversatorio el presidente del Consejo adelantó algunas de las medidas sugeridas como es la dedicación exclusiva en el caso de la labor parlamentaria y de consejeros de organismos de la administración pública. En el caso del Parlamento vinculado al deber de abstención.
María Jaraquemada directora de incidencia de Espacio Público, afirmó que consideran necesario que se evalúen medidas y temas que -desde la perspectiva del centro de estudios- se mantiene por ahora en el ámbito de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo, como aquellas que regulan relaciones de poder. Además, insistió en la necesidad de que una agenda anti abusos y anti corrupción debe incorporar como garantes a organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y otros actores.
Por su parte, el director ejecutivo de Chile Transparente entre otras materias vinculadas a la situación que vive el país hizo un mea culpa y planteó que como sociedad deben erradicarse prácticas asociadas a la idea de que “los pobres cometen delitos y los ricos cometen errores”.
Agenda del Ejecutivo
Una de las líneas de trabajo del Ejecutivo tras el estallido social ha sido la construcción de una agenda “anti abusos” o “anti privilegios”. Ésta incluiría una serie medidas y mejoras en la regulación orientadas a reducir o erradicar prácticas de colusión, cohecho entre otras, en los sectores público y privado. Desde la vocería de Gobierno se afirmó que la propuesta sería presentada en los próximos días.
