Marcelo Drago cuestionó el mecanismo de divulgación de los datos ligados a la trayectoria de Hermes Soto, ya que según la autoridad, “existen procedimientos nítidos” para exigir información pública como lo es la Ley de Transparencia.

“Cualquier ciudadano puede solicitar documentación del Estado a través de la Ley de Transparencia y eso incluye la hoja de vida de un funcionario”. Con esas palabras, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, se sumó al debate surgido tras la filtración de la hoja de antecedentes del nuevo general director de Carabineros, Hermes Soto.
La hoja de vida del uniformado, que presenta amonestaciones hasta con treinta años de antigüedad, fue filtrada el mismo día que asumió el mando principal de carabineros, cuestión que fue criticada por Drago.
“La hojas de vida son de interés público. El problema en este caso fue el procedimiento, pues el documento podría haber contenido información de carácter personal o de terceros. No se puede liberar a diestra y siniestra (esta documentación), tratando de buscar un efecto. Los procedimientos para obtener información del Estado son bien nítidos y son comprobadamente efectivos”, agregó Drago.
El titular del CPLT explicó que, en principio, cualquier documento elaborado con fondos del Estado es público. Sin embargo, la autoridad especificó que para este y otros casos “es necesario aplicar conductos regulares”.
“Las filtraciones nunca son convenientes para el funcionamiento de los organismos del Estado. Esto no puede funcionar en base al modelo ‘Wikileaks’. Las decisiones tienen que ser cuidadosas, porque la documentación puede contener información delicada. Nuestra Constitución es clara sobre aquellas materias en las que debe mantenerse la reserva”, agregó, detallando que los mecanismos normativos, como la Ley de Transparencia, “permiten mantener los filtros adecuados para defender los bienes jurídicos”.