Como un hecho “de extrema gravedad” calificó el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, la publicación de mapas con información sobre eventuales contagiados por Coronavirus en un medio de comunicación digital. Esto –explicó- vulneraría el derecho a un adecuado resguardo de datos personales y sensibles, como es el estado de salud, de pacientes afectados por la pandemia.

Asimismo, aludió a situaciones conocidas a través de los medios en que se ha discriminado a personas cuyo entorno los considera de riesgo. “Casos en que se ha maltratado, discriminado e incluso acosado a ciertas personas porque sus vecinos creyeron que eran posibles fuentes de contagio de Coronavirus”, recordó Jaraquemada. “Por ello –agregó- nos parece irresponsable que se entreguen datos que permiten identificar equivocadamente a determinadas personas como contagiadas, en circunstancias que eventualmente no lo son, lo que puede terminar en situaciones de discriminación, incluso de violencia”.

Tras analizar el caso, el presidente del Consejo estableció que se estaría ante un “tratamiento no autorizado de datos sensibles, al publicar la información relativa a personas eventualmente contagiadas por Covid-19, sin que exista consentimiento de los titulares, tampoco autorización legal para su tratamiento”.

El titular de transparencia explica que el estado de salud corresponde a la categoría persona de dato sensible, por lo que amerita “especial protección” y recordó que la semana pasada la entidad que lidera propuso al Gobierno la posibilidad de anonimizar los datos de manera de que fuera imposible identificar a los titulares de dichos datos y así poder compartirlos con los especialistas para fines de modelización del comportamiento de la pandemia.

“Ante el debate que se generó entre las autoridades y los expertos, algunos de ellos de la mesa de datos, nosotros sugerimos profundizar el anonimato de los datos que se entregaban, para impedir que a partir de cierta información se identifique a las personas”, subrayó.

Asimismo, desde el CPLT detallaron que las acciones que implementó el medio no corresponderían a un anonimato efectivo. “Se ha dicho que los mapas publicados no contendrían direcciones exactas sino que se habrían movido aleatoriamente. Esto no constituye una efectiva anonimización de la información representada puesto que el radio en el cual se indica la presencia de personas enfermas sigue siendo acotado y permitiría identificar eventualmente los domicilios”.

A esto se suma la posibilidad de que los mapas publicados –que no contendrían estrictamente datos personales- sí representan información que hace identificable ciertos datos, por ejemplo, el domicilio asociado a eventuales personas contagiadas. Asimismo, esta información puede cruzarse con otros datos que se encuentran en fuentes accesibles al público, lo que permitiría obtener, en definitiva, la identidad de los contagiados”, afirmó el presidente del CPLT.

A juicio de Jaraquemada, la medida que tomó el medio podría derivar en un escenario más complejo al  inducir a una identificación errónea de personas asociadas a domicilios que no corresponden con casos positivos de Covid-19. “El tratamiento que se hizo de estos datos no sólo no fue autorizado por los titulares sino que además sería inexacto y equívoco, lo que podría inducir a error en la identificación de eventuales contagiados” espetó el presidente del Consejo.

Respecto de la filtración, el titular de Transparencia sostuvo: “Estamos hablando del acceso a datos reservados, por lo que el Ministerio deberá revisar las medidas de seguridad y como Consejo hemos realizado recomendaciones para introducir mejoras en este sentido a los organismos públicos”

Finalmente, Jaraquemada apuntó a la necesidad de perfeccionar la normativa vigente, la que no resulta idónea para prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones. Acorde al texto del proyecto de ley que se tramita actualmente en el Parlamento que perfecciona la normativa sobre protección de datos personales, sería el Consejo para la Transparencia la entidad encargada de garantizar el adecuado resguardo de información personal sensible, pudiendo determinar por ejemplo eventuales infracciones y adoptar las medidas que correspondan contra los responsables de un tratamiento inadecuado.