- La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, aclaró que eventual modificación normativa que entrega algunas facultades de fiscalización al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en materias de consumo no reemplaza “institucionalidad definitiva” que garantice un derecho fundamental.
Ante una inminente modificación a la Ley del Consumidor, la cual dejaría en manos del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) la potestad de fiscalizar los datos personales en los actos de consumo de las y los ciudadanos, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que es una “solución intermedia y, por ende, insuficiente, al no reemplazar la idea de una institucionalidad definitiva que garantice el derecho fundamental a la autodeterminación informativa”.
La titular del CPLT valoró la modificación legal anunciada pero afirmó que “no puede tapar con un dedo el problema mayor: la creación de una institucionalidad creada para defender derechos fundamentales de las y los ciudadanos”, como es la protección de sus datos personales, con “condiciones adecuadas de operación, administrativas y presupuestarias acordes a las dimensiones del desafío”.
La presidenta del Consejo subrayó la centralidad de “una autoridad independiente” y de la “coherencia regulatoria”. Por ello apuntó a la necesidad de “una visión estratégica de política pública orientada a generar un entramado normativo que sea uniforme y que no soslaye la ausencia de un ecosistema de seguridad de datos con normativas adecuadas, que entregue criterios jurídicos que permitan resguardar adecuadamente los derechos de las personas frente al actuar de los órganos de la Administración del Estado o de las empresas”, espetó la titular del Consejo.
Esto, dijo, depende de la revitalización del proyecto de ley que moderniza la normativa de protección de datos personales, en primer trámite en el Senado. La ley data de 1999 y permitiría, por ejemplo, la actualización de la normativa vigente en cuanto a principios, derechos ARCOP, bases de legalidad, régimen de sanciones, entre otras materias, tanto en el ámbito publico como privado.
Como Consejo -añadió De la Fuente- en cuanto a la creación de la institucionalidad, rol que acorde a la iniciativa de ley en trámite recaería en el CPLT “hemos establecido una posición explícita en el debate, promoviendo e incluso poniéndonos a disposición para asumir este desafío con ciertas condiciones presupuestarias”.
