En un año en el que se renuevan prácticamente todas las autoridades y en que se eligirán algunas por primera vez como constituyentes y gobernadores, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, hizo hincapié en que en un escenario de desconfianza como el actual, candidatas y candidatos deberán “respetar no sólo estándares legales, sino que también éticos y a una ciudadanía dispuesta a exigir la rendición de cuentas”.

La representante del CPLT subrayó además, que la tarea para quienes se presenten a las numerosas elecciones que se desarrollarán este año es “mayúscula” dado que involucran “nuevas dimensiones de la actividad electoral” y que en este sentido el marco normativo chileno esta “en deuda”. Por ello recalcó: “Es cierto también que existen límites éticos a la acción individual que deben resaltarse cuando más se necesitan”.

Como ejemplo mencionó el fenómeno de circulación de contenidos falsos, engañosos o manipulados con el fin de confundir o generar un impacto negativo en los procesos electorales. Y destacó entre las acciones que el Consejo para la Transparencia está promoviendo, una Estrategia Nacional contra la Desinformación, trabajo que se desarrolla en conjunto con con organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia. “Es un buen comienzo y, desde ya, llamamos a todos los candidatos a comprometerse con ella y a la ciudadanía a estar alerta y hacer exigible se respeten sus derechos fundamentales”, comentó.

En esta línea, para De la Fuente quienes postulen a cargos de representación tienen que “ir más allá, y asumir una actitud consciente y responsable respecto al negativo impacto que la vulneración de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales pueden tener en campañas electorales centradas en redes sociales que cuentan con limitadas regulaciones”.

“Hemos visto en el mundo que la información falsa y el uso abusivo e intensivo de grandes bases de datos se han transformado en parte del escenario en que ocurren procesos electorales, que muchas veces ayudan a polarizar o a debilitar el debate público”, agregó abordando también el fenómeno del uso abusivo de información personal de los votantes.

Respecto de las normas que regularán a las candidaturas y las campañas, la titular de Transparencia explicó que en materia de probidad y transparencia “son producto de la legislación que se ha generado en los últimos años respecto a campañas y financiamiento de la política”. Sin embargo, agregó, no sólo se trata del cumplimiento de los estándares legales, es decir, “no bastará con informar las declaraciones de interés y patrimonio en los tiempos correctos o con rendir adecuadamente el presupuesto público destinado a las campañas, normativas trascendentales, pero básicas”.

La presidenta del Consejo apuntó a que, el escenario de crisis de confianza en el que se desarrollarán las elecciones se repite en otros países, pero que a nivel local tiene sus particularidades después de la revuelta de octubre de 2019. “Desde hace varios años, en Chile no se confía en las, en las autoridades, en la información y pocos confían en su vecino”. Y agregó: “en Chile ha cobrado ribetes particulares porque la creciente desconfianza trajo, en definitiva, una crisis social y política que transformó el creciente malestar en estallido”.