La fiscalización en derecho de acceso a la información pública efectuado por el Consejo para la Transparencia detectó que los organismos públicos cumplen en 61,8%, en promedio, en la tramitación de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.
El proceso abarcó a 122 organismos de nivel central, regional y municipios de ocho regiones del país (Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Valparaíso; Maule; Bíobio, Los Lagos y Región Metropolitana) y tuvo como objetivo conocer cómo están funcionando los mecanismos para solicitar y recibir información pública tanto de manera presencial como vía web.
A través de la metodología de usuario simulado se presentaron solicitudes en línea entre junio y julio y solicitudes presenciales entre agosto y septiembre de 2013, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia como también la aplicación de la Instrucción General N° 10, además de considerar las buenas prácticas allí contenidas.
En total se presentaron 244 solicitudes —una presencial y una virtual en cada institución— y se detectó que existen barreras a las que se ven enfrentadas las personas, lo cual afecta el ejercicio del derecho a la información pública.
En la oportunidad también se evaluó la calidad y oportunidad de las respuestas recibidas a las solicitudes de información ingresadas.
El puntaje promedio de cumplimiento de las 122 instituciones fue de 61,85%, siendo las superintendencias las que obtuvieron el resultado más alto (90,03%) y los servicios de salud los que registraron el más bajo (23,93%).
Según la Directora de Fiscalización, Alejandra Sepúlveda, para este proceso se utilizó la metodología de usuario simulado para presentar solicitudes en línea y presenciales en servicios de salud, hospitales, municipios, universidades, subsecretarías y superintendencias.
Sepúlveda indicó que los ciudadanos se ven enfrentados a ciertas “barreras” que impiden ejercer su derecho a acceder a información pública. Por ejemplo, hay organismos que cuando una persona pide antecedentes le exigen requisitos que no contempla la Ley de Transparencia: domicilio particular, número de cédula de identidad, comuna y región.
En cuanto a los ingresos de manera electrónica, en algunos organismos se identificaron barreras al ingreso en sus procesos online por diferentes motivos: página web no operativa, errores de tipo informático y/o la carencia de un Sistema de Ingreso de Solicitudes (no posee formulario electrónico). También se detectaron casos donde, en los formularios electrónicos, se solicitan requisitos con carácter obligatorio que no están considerados en la Ley.
La jefa de fiscalización agregó que, comparativamente, el año 2013 tuvo un mejor rendimiento en relación con 2012, en lo global. “Si comparamos los 63 organismos que fueron evaluados en 2012 y nuevamente fiscalizados en 2013, se observa que en el ingreso presencial hay un aumento del cumplimiento en un 10,77% y en el ingreso on line, de un 37,57%”, detalló.
Sepúlveda recalcó que los resultados de la fiscalización son enviados a cada organismo, detallando las observaciones y la forma en que deben ser resueltas ajustándose a la normativa.
Puntajes Generales 2013 – Por tipos de Organismos fiscalizados
ORGANISMOS MEJOR EVALUADOS 2013
19 instituciones se ubicaron por sobre los 90 puntos.
Puntaje Promedio de las 122 instituciones: 61,85%
ORGANISMOS PEOR EVALUADOS 2013
* CENABAST, Subsecretaría de Educación y Servicio de Salud Metropolitano Occidente fueron también evaluados en 2012.
41 instituciones se ubicaron por debajo de los 50 puntos.
