Presidente del CPLT afirmó que a pesar de la creciente incidencia de la Ley Transparencia, a 10 años de su promulgación, aún la estadística sobre su conocimiento sigue siendo baja, por lo que a su juicio hay un espacio importante de acción que corresponde a todos para subsanar este fenómeno

Así lo revela el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), indicador que busca medir los niveles de eficacia alcanzados en la implementación de la normativa que garantiza y regula el derecho de las personas para acceder a la información de los organismos del Estado.

El ITAI, que debutó en 2013, fue elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), a partir de diversos estudios que evalúan el conocimiento y ejercicio eficiente de este derecho por parte de la ciudadanía, así como las barreras que lo dificultan. Este índice es la principal herramienta para medir los avances o eventuales retrocesos del país en esta materia, transformándose en un estímulo para el desempeño del aparato estatal y del propio Consejo.

En base a esa concepción el CPLT mide la presencia de estas condiciones a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), cuyos resultados, a casi 10 años de la promulgación de la Ley, nos muestran que permanecemos por debajo del 50%.

Si bien estos últimos años  ha habido una creciente demanda por información pública -a diciembre de 2017 se registran 714.278 solicitudes de información ingresadas órganos públicos, sólo un 34% de los chilenos considera útil, para ellos como ciudadanos, la existencia de Transparencia en el Estado.

Para que los beneficios del acceso a la información puedan materializarse, el CPLT, a través de la medición ITAI ha definido que es necesario que se den ciertas condiciones, tanto en las instituciones públicas, como en la ciudadanía.

Así, el ITAI constató que las instituciones han evolucionado positivamente en el desempeño de sus obligaciones de transparencia y que los principales desafíos están relacionados con los niveles de conocimiento de los mecanismos de acceso a la información. Aunque hay un alto conocimiento de la existencia de la Ley de Transparencia (70%) y del Consejo para la Transparencia (69%), persisten dificultades para derivar correctamente a una persona con un requerimiento de información a la oficina o ventanilla correcta (33%), a la sección web en la que podría solicitar información (33%) y respecto del plazo de respuesta con que se cuenta (20%).

A su vez, en el ámbito ciudadano se detectó que existe una alta valoración del derecho de acceso a la información (90%), al que consideran necesario (74%), sin embargo, las personas tienen una baja noción de cómo éste les puede ser de utilidad de manera particular (34%).

“A pesar de la creciente incidencia de la Ley Transparencia, a 10 años de su promulgación, aún la estadística sobre su conocimiento sigue siendo baja, hay un espacio importante de acción que corresponde a todos para subsanar este fenómeno. Por ejemplo, es primordial eliminar dificultades que enfrenta un ciudadano para ejercer su derecho de acceso a la información pública y trabajar para poner a su disposición información pertinente, oportuna y comprensible”, sostiene el presidente del CPLT, Marcelo Drago.

De este modo, el principal desafío se encuentra, por una parte, en el nivel de conocimiento de la Ley y la institucionalidad del derecho de acceso a la información, que sólo alcanzan el 31% y el 24% respectivamente, es decir, que las personas que necesitan información pública, sepan cómo pedirla y, en caso de quedar insatisfechos, que sepan cómo reclamar y dónde; y, por la otra, en el reconocimiento de este derecho como una herramienta efectiva de prevención de la corrupción (48%) y de participación ciudadana (59%).

“Debemos seguir avanzando para ampliar los ámbitos de transparencia y los modos de entrega de la información. Ese es el desafío tras 10 años de la Ley de Transparencia porque la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, concluyó Drago.

Finalmente, el titular del CPLT sostuvo que se hace necesario impulsar reformas que aseguren la extensión y profundización del Sistema.

“La ley que hace 10 años implicó significativos avances, hoy implica el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, de hecho, el cumplimiento formal de la Ley de Transparencia por parte de las instituciones y la eficacia de ésta para develar irregularidades, no se ha traducido en una mayor percepción de transparencia, como tampoco en menores niveles de corrupción y más confianza en las instituciones”, concluyó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago