- El balance realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció que la región se localiza 15 entre las 16 regiones en cuanto a cifras de solicitudes de información dirigidas a las entidades del Estado. Explicaron que las cifras de requerimientos y de casos presentados ante este organismo en contra de las instituciones no son indicadores, necesariamente, de buena o mala gestión institucional en esta materia, pero sí apunta a niveles de conocimiento bajos de los derechos de las personas a exigir su derecho de accso a información.
Acorde a datos entre 2014 y julio de 2021 entregados por el Consejo para la Transparencia (CPLT) , Magallanes se posiciona en el penúltimo lugar del listado de regiones en cuanto a solicitudes de acceso a la información dirigidas a entidades públicas, posicionándose en el lugar 15 de las 16 a nivel país.
El organismo informó que el total requerimientos en dicho plazo alcanzó los 9.956 -antecedentes del portal de Transparencia-, cifra que desglosada por institución mostró que las solicitudes se concentran en los municipios. En el caso de la región de Magallanes, el top 5 de instituciones públicas históricamente está liderado por los municipios. Aparecen en el primer lugar la Municipalidad de Punta Arenas (con 1.464 solicitudes), Puerto Natales (con 789), Porvenir (con 640). Le siguen los municipios de Cabo de Hornos y Antártica (con 581) y el de Torres del Paine (con 578).
Desde el Consejo aclararon que el que sean municipios los que encabezan el listado de instituciones públicas con más requerimientos es una situación que se ha visto en otras regiones del país. Asimismo, su presidenta, Gloria de la Fuente detalló que es una tendencia que evidenciaron también los resultados de la última versión de la Encuesta Nacional de Transparencia, que el órgano realiza anualmente. Este sondeo identificó un aumento del número de personas que realizaron requerimientos de información durante 2020 que declararon haberla solicitado a municipios. Lo anterior dado que son la “puerta de entrada” de las personas en su relación con el Estado.
De la Fuente comentó que “Existen herramientas que son muy valiosas para las personas en materia de transparencia porque permiten el control social en el combate contra la corrupción, exigir rendición de cuentas y hacer efectivo lo que llamamos derecho llave, es decir, usar la información para ejercer otros derechos como puede ser el derecho a la salud o a una vivienda digna”.
Las instituciones con más reclamos
El CPLT, órgano responsable de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, además entregó el ranking de las instituciones en contra de las cuales se han presentado más casos ante el Consejo por eventuales vulneraciones a la Ley de Transparencia. Acorde a cifras históricas de la entidad, son 316 casos en total, siendo el registro más bajo de las regiones a nivel nacional (16° lugar).
Encabezó el listado de entidades más reclamadas el Servicio de Salud de Magallanes con 39, el municipio de Punta Arenas con 30 y la Universidad de Magallanes con 22.
Desde el Consejo explicaron que las cifras de requerimientos y de casos presentados ante el organismo en contra de las entidades públicas no son indicadores, necesariamente, de una buena o mala gestión institucional en Transparencia, pero sí podría asociarse a bajos de conocimiento de los mecanismos que establece la normativa y de los derechos que tienen las personas a acceder a información pública.
Por ello, De la Fuente subrayó: “es necesario que más gente sepa que si una persona solicita información pública, tiene el derecho a acceder a ella y en caso de incumplimientos por parte del organismo del Estado, el solicitante puede presentar los antecedentes ante el Consejo para que podamos intervenir en la defensa de un derecho fundamental”.
Cambios en la demanda por información a organismos públicos
Desde el CPLT explicaron que la Encuesta Nacional de Transparencia 2020, evidenció un aumento del número de personas que declararon haber solicitado información a instituciones del Estado en 2020, así como un incremento del uso de Internet para realizarlas. A juicio del Consejo, esto podría responder a la necesidad de requerir antecedentes que permitieran a la ciudadanía afrontar parte los efectos de la pandemia, por ejemplo, información sobre bonos y beneficios sociales o la actualización del Registro Social de Hogares (RSH).
