El encuentro convocó a representantes del mundo empresarial, académico, legislativo y del gobierno, lo que permitió conocer la opinión de cada actor respecto al proyecto de ley sobre protección de datos que se encuentra en discusión en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La jornada comenzó con el primer panel “La Protección de Datos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento: hacia un balance entre protección, seguridad e información”, motivado con la ponencia de Pedro Less, Director de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para América Latina de Habla Hispana de Google, quien explicó cómo su empresa ha abarcado cada desafío que representa la protección de los datos de las personas, pero permitiendo la innovación en los servicios, de modo de satisfacer las expectativas de los usuarios.
Esta exposición fue comentada por los académicos Sebastián Zárate, profesor de Derecho Constitucional de la PUC y Mónica Arenas, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alcalá. El panel fue moderado por Alejandro Ferreiro, Presidente Consejo para la Transparencia, entre cuyas conclusiones indicó que “si bien hoy existe muy poca conciencia del derecho, pero es alta la expectativa de protección. Discutíamos sobre consentimiento expreso o tácito, quizás debiéramos esperar uno inequívoco y expedito, aún cuando es difícil hablar sobre consentimiento cuando prima la ignorancia”.
También comentó que, respecto a la discusión sobre la institucionalidad que soporte el resguardo de la protección de los datos personales, “se ha dicho que, idealmente, debiera ser una institución única (…). Dado el vértigo del cambio de las TICs, donde las amenazas cambian día a día, una institución flexible, colegiada, puede quizás seguir de mejor manera el ritmo del contexto. Las leyes pueden dar un marco general, pero un organismo administrativo puede permitir de mejor manera adecuarse a este marco a través de instrucciones, recomendaciones y otros instrumentos. Entonces, esta institución debiera incorporar en su gobierno corporativo la flexibilidad necesaria para ello”.
Luego se desarrolló un segundo panel titulado “Protección de Datos: el modelo español y la situación en Chile”, que comenzó con la intervención del experto Jesús Rubí, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, quien expuso sobre “La experiencia española en protección de datos personales: aprendizajes y nuevos desafíos”.
La ponencia de Rubí fue comentada por el senador Hernán Larraín, el diputado Felipe Harboe y Carlos Saiz Peña, vicepresidente de la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, cuya conversación fue dirigida por Jorge Jaraquemada, consejero del CPLT, quien finalizó el panel señalando que “más allá de la institución que se encargue de la protección de datos, me parece que el desafío es revestir a esta institución de las capacidades no sólo regulatorias, sino también para generar una cultura acorde y asegurar un espacio a las personas para ejercer la autodeterminación informativa. (…) Respecto al flujo transfronterizo de los datos, el punto crítico es resolver cómo conciliar la apertura comercial con la necesaria protección de los datos de las personas. Esto tiene una implicancia vital en la construcción de confianza en las instituciones que tratan esos datos”.
La jornada matutina fue clausurada por Tomás Flores, Subsecretario de Economía, quien valoró la instancia en el sentido de aportar valor a la discusión del proyecto de ley al respecto.
Por la tarde se desarrolló una mesa técnica que comenzó con la breve exposición de los expertos invitados: Raúl Arrieta, abogado; Francisco Cruz, abogado del Instituto Derecho y Tecnología; Lorena Donoso, abogada, Académica Universidad de Chile; Claudio Magliona, Director Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile; Andrea Ruiz, Directora Jurídica (s), Consejo para la Transparencia y Moisés Sánchez, presidente Fundación ProAcceso. La discusión fue retroalimentada por los expositores del seminario y los asistentes, entre los que figuraban abogados de empresas, académicos, asesores jurídicos y parlamentarios.
