• En contraposición destacó que sólo 2 de cada 10 encuestados declara confiar en el cuidado que las entidades públicas y privadas dan a su información personal.
• La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente subrayó que la ley vigente de protección de datos personales es de 1999 y no protege adecuadamente a las personas y que, por tanto, el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento debe contemplar “condiciones institucionales y costos asociados para poder realizar una correcta implementación y buena institucionalidad”.

La última versión del Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), mostró entre sus principales resultados una baja de la preocupación de las personas por el resguardo de sus datos personales y por los posibles malos usos que se podrían hacer de éstos en el marco de la pandemia por Covid-19.

Ello contrasta con otro de los hallazgos del sondeo –aplicado presencialmente a 2.900 personas a nivel nacional entre el 21 de noviembre del 2020 y el 18 de enero del 2021- relativo a los altos niveles de desconfianza en el cuidado que dan a este tipo de información las instituciones públicas y privadas. Lo anterior se evidenció en que sólo un 17% de los encuestados declararon confiar en el resguardo otorgado a los datos personales, registrándose una caída de 8 puntos porcentuales con respecto a 2019 en el sector privado y una baja de 6 de puntos en relación al mundo público.

La presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, aseguró que el país está “al debe en materia regulatoria” asociada a la protección de datos personales. Y esto, comentó, no sólo porque la normativa es de 1999 y no asegura la adecuada protección de derechos fundamentales de las personas, sino también porque el país estaría incumpliendo compromisos internacionales, como el establecido con la OECD.

Por ello se refirió a los avances del proyecto de ley que moderniza la actual normativa apuntando que “la institucionalidad que se cree para defender derechos fundamentales de las personas, como es la protección de sus datos personales, debe tener condiciones adecuadas de operación. Y eso es un punto que el Consejo para la Transparencia ha planteado en términos de condiciones institucionales y costos asociados para poder realizar una correcta implementación y buena institucionalidad”.

Datos para combatir la pandemia

“Nos falta avanzar en una mirada más comprensiva en este tipo de materias. Se requiere un ecosistema de seguridad de datos con normativas adecuadas, una visión renovada que entregue criterios jurídicos que permitan proteger adecuadamente los derechos de las personas frente al actuar de los órganos de la Administración del Estado -que es lo que nos compete- y de actores privados, como también en el marco del combate a la pandemia”, enfatizó De la Fuente.

Un aspecto relevante para la presidenta del CPLT ante otro de los resultados del estudio, que mostró que poco más de la mitad de los consultados (52%) están de acuerdo con autorizar el uso de sus datos personales si eso ayuda a combatir la pandemia. Al respecto comentó que se debe ser cuidadosos ante situaciones como éstas en que las personas ceden derechos.

La encuesta además mostró que las personas estarían más abiertas a la entrega de su información personal y a permitir una mayor vigilancia de las autoridades: un 80% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo o de acuerdo que se informe a través de un celular a quienes tuvieron contacto cercano con una persona con coronavirus, y un 78% dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo con la entrega de datos personales de contagiados a las autoridades municipales.

A lo anterior se agrega que un 78% declaró estar muy de acuerdo o de acuerdo con el uso de cámaras de televigilancia o drones en lugares públicos para asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias y un 77% en que las autoridades nacionales monitoreen la ubicación de personas contagiadas mediante un celular.

“No se trata de no intercambiar o no entregar datos personales, sino hacerlo en contextos adecuadamente regulados. Si las personas están dispuestas a ceder en este sentido, las autoridades deben ser responsables y respetar criterios o principios. Por ejemplo, el principio de finalidad, es decir, que la información personal que se solicita sea usada con el fin planteado en el programa, plan o iniciativa que ha propuesto la autoridad para combatir la pandemia y no para otras cuestiones”, agregó.

Baja preocupación en mal uso de información personal

En general, el CPLT constató una baja entre 2019 y 2020 de la preocupación que manifiestan las personas de un mal uso de la información personal: cuando se accede a prestaciones de salud pasando de un 52% a un 44% y cuando se realiza un trámite en algún servicio público, pasando de un 55% a un 48%.

La mayor preocupación se focaliza en el caso de transferencias bancarias (61%) y la menor ante prácticas como acceder a redes wifi gratuitas (36%) o cuando se toma fotografías y graba videos íntimos (40%).