Uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado para combatir la corrupción y las faltas a la probidad, es la internalización por parte de los servidores públicos de las normativas y obligaciones existentes en estas materias. Así lo estableció el IX Estudio Nacional de Funcionarios Públicos 2020 elaborado por el Consejo para la Transparencia.

 

En el apartado sobre corrupción, el sondeo del CPLT mostró una buena noticia asociada al estancamiento de la percepción de corrupción u ocurrencia de irregularidades en 2020. De acuerdo a los datos, más de un cuarto de los funcionarios encuestados (28%) señaló haberse informado directamente o a través de terceros de algún acto de corrupción o irregularidad grave, cifra que, pese a ser alta se mantiene relativamente estable respecto de la medición anterior, en que alcanzó el 27%.

 

Asimismo, más de la mitad de los funcionarios declaró que hoy los casos de corrupción son más fáciles de detectar que hace 10 años, lo que fortalecería la idea de que este tipo de hechos se han estabilizado, pues pese a la mayor facilidad para descubrirlos, los niveles de conocimiento no registraron alzas.

 

Malas noticias: cabos sueltos que obstaculizan la prevención 

“En este estudio, que evalúa la percepción de los funcionarios públicos, hemos identificado algo que es preocupante y que se asocia a dificultades o cabos sueltos que muchas veces ponen en jaque los mecanismos para combatir la corrupción”, explicó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.

 

“En específico, me refiero al desconocimiento por parte de los funcionarios de los canales para denunciar y a la desconfianza que estos manifiestan sobre la real utilidad de develar este tipo de casos” detalló. Si bien los resultados sugieren la existencia de mecanismos institucionales para prevenir la corrupción en cerca de la mitad de los organismos públicos, se observa un importante déficit en la promoción de la denuncia y de canales para presentarla.

 

Lo primero queda evidenciado en un bajo porcentaje de funcionarios que declaran saber que en su institución existen procedimientos efectivos para proteger al denunciante: sólo 32% lo afirmó al ser consultado. Con respecto al desconocimiento por parte de los servidores públicos asociados a mecanismos para denunciar, el 42% de los encuestados indicó conocer dónde hacerlo.

 

Desde el organismo destacaron que es complejo que este tipo de información sea bajo entre funcionarios no profesionales (37%) en relación al conocimiento que declararon tener los directivos (74%). Lo anterior dado que los estamentos no profesionales y los profesionales registraron cifras más altas en aquellas preguntas asociadas a si han sabido de hechos de corrupción (28% no profesionales, y 22% los directivos).

 

Temor y percepción de ineficacia ante actos de denuncia

Negativa es la evidencia de una elevada percepción de temor y de ineficacia del acto de denunciar; razones que avalarían la no denuncia. “Es decir, opera como desincentivo el creer que no se tomarán efectivamente cartas en el asunto o que las cosas no cambiarán tras entregar antecedentes sobre irregularidades”, dijo la titular del Consejo. Al igual que en el caso del desconocimiento, estas aseveraciones tienen mayor nivel de acuerdo el 2020 que el 2019: “Las personas que denuncian una situación de corrupción pueden hacerse enemigos innecesariamente” (53% en 2019 y 56% en 2020) y “no sé si vale la pena denunciar porque después no se hará nada al respecto” (40% y 51%, respectivamente).

 

“Ante la profunda crisis de confianza que atravesamos desde hace años en el país, es prioritario entregar más elementos a la ciudadanía para ejercer un mayor control sobre los actos de las autoridades, pero también a los funcionarios y a las entidades públicas para que internalicen procedimientos y mecanismos anticorrupción”, finalizó de la Fuente.

 

El estudio del Consejo fue desarrollado entre noviembre de 2020 y enero de 2021 y consideró la opinión de 2.445 funcionarios de todo el país, incluyendo a trabajadores de organismos de la administración central, municipios y organismos autónomos del Estado.