Sr.
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro Secretario General de la Presidencia
Senador Hernán Larraín
Comisionada del IFAI
Autoridades
Representantes del Cuerpo Diplomático.
Representes de los Medios y de la Sociedad Civil
Amigos y Amigas:

 

Bienvenida

Celebramos la entrada en vigencia de la Ley 20.085 sobre Transparencia y Acceso a Información de la Administración del Estado. También el inicio de las funciones plenas de promoción, regulación, fiscalización y protección de derechos del Consejo para la Transparencia.

 

Quisiera agradecer el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet con la institucionalidad del Consejo y su voluntad de implementar la ley en el contexto de un año electoral. Igualmente, la iniciativa legislativa y el liderazgo permanente de los Senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri. Por último, el interés y colaboración de los los medios de comunicación y la sociedad civil que acompañaron el proceso legislativo que precedió la dictación de la ley.

Creo importante recordar que esta regulación es fruto de una reflexión iniciada en el año 1994 tras el Informe de la Comisión de Ética Pública impulsada por el Presidente Frei. La misma fue recogida durante el gobierno del Presidente Lagos con la modificación del artículo 8 de la Constitución Política del año 2005. Tras la reforma Chile se incorporó a las sociedades democráticas y abiertas que ven en el principio de la transparencia y el derecho de acceso a información pública una parte fundamental de su legitimidad política.

Con todo, el mandato constitucional no es suficiente para revertir la cultura del secreto de la gestión pública y ratificar el nuevo trato ciudadano que allí se propone. Aquí radica la importancia de la creación del Consejo para la Transparencia como mecanismo de implementación y seguimiento.

 

Algunas reflexiones respecto a la instalación del Consejo.

La misión del Consejo para la Transparencia es servir al Estado de Chile como instrumento activo en la institucionalización del derecho de Acceso a Información y la cultura de la Transparencia.

La creación de un nuevo órgano del Estado alcanza dimensiones sociales, políticas y culturales de relevancia nacional, requiere contar con el apoyo de todos los sectores del país y enfrenta desafíos legales, burocráticos y administrativos.
Con fecha 28 de octubre de 2008, el Consejo para la Transparencia inició su labor de preparación para el inicio de sus actividades permanentes.

Considerando el escaso tiempo comprometido para lograr la inserción en el conjunto del Estado, no hemos dudado en solicitar y recibir apoyo para asegurar el funcionamiento institucional. Gracias a ello hoy día contamos con asesoría técnica para al desarrollo de nuestras políticas institucionales, gestión administrativa, planificación estratégica, entre otros. Nos hemos propuesto ser un ejemplo país en estas materias.

Agradecer el apoyo de la Presidencia, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Servicio Civil. Por su intermedio contamos con infraestructura, profesionales y equipos de trabajo que muestran entusiasmo y compromiso para cumplir su misión.

De otro lado, las competencias legales de fiscalización del Consejo son compartidas con la Contraloría General de la República. La experiencia acumulada en procesos de investigación sumarias, la presencia en todo el territorio nacional y las capacidades operacionales de la Contraloría, favorecen un enriquecimiento recíproco en el cumplimiento de las funciones encomendadas a ambos órganos. Hemos iniciado un diálogo y esperamos prontamente mostrar al país un acuerdo marco de colaboración y medidas concretas de intervención conjunta.

Con el objeto de reforzar la calidad de nuestro trabajo, hemos recurrido al Congreso Nacional, al Banco Central de Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Federal de Acceso a la Información de México. El compromiso institucional de intercambio de experiencias y apoyo permanente al estudio y análisis de los beneficios que la transparencia y el derecho de acceso a información en Chile meses es fundamental para generar conocimiento país en estas materias.

Destacar también el apoyo del Consejo de Defensa del Estado que ha permitido la operatividad de la institución. Es nuestro deseo profundizar la colaboración generada y orientarla en el futuro próximo a la defensa jurisdiccional del Consejo para la Transparencia cuando sea necesario.

Igualmente hemos iniciado un diálogo con el Poder Judicial, para promover la capacitación de los Magistrados, y con el Tribunal Constitucional para aprovechar la experiencia en los procesos de gestión de causas.

Fluye de todo lo anterior, el entendimiento del Consejo de que la autonomía conferida por el legislador es vista como una oportunidad para vincularse con otros actores nacionales e internacionales para dar contenido a su misión de ser herramienta del cambio cultural comprometido en el artículo 8 de la Constitución.

Esperamos continuar y profundizar con esta modalidad de trabajo en el futuro.

 

Respecto de la Implementación

El desafío inmediato del Consejo ahora es la implementación de la ley.

Para ello, mantendremos un diálogo permanente con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y su Comisión de Probidad y Transparencia, autoridades públicas, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación.

El uso de las tecnologías de información es un imperativo para el sector público ya que por su intermedio, se favorece la transparencia, se ejercita el derecho de acceso y se permite la generación de indicadores, estadísticas y otros instrumentos de medición.

Siguiendo la experiencia comparada se deberán perfeccionar los soportes destinados a proporcionar información fidedigna y oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, la tramitación de solicitudes de acceso a información ante los órganos de la Administración y el seguimiento de los reclamos ante el propio Consejo.

Es prioridad del Consejo colaborar con el Poder Ejecutivo en el desarrollo y perfeccionamiento de estas iniciativas.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa contenidas en el Artículo 7° de la Ley es un desafío para la Administración del Estado. El Reglamento de la Ley y las instrucciones conjuntas del Ministerio de Hacienda y SEGPRES han establecido una metodología de publicidad. A partir de hoy la misma será objeto de control social y profundización futura mediante el ejercicio de las funciones de garantía y regulación del Consejo. Así, se asegura que la información sea completa, actualizada, de fácil identificación y acceso expedito.

El sistema de reclamo por negativas de acceso a información pública ante el Consejo autoriza a decretar audiencia de prueba como instancia de recopilación de información. Considerando la relevancia de la jurisprudencia fundacional del Consejo en la formulación de directrices y orientaciones para la Administración Pública, la audiencia de prueba resulta útil para asegurar la calidad del trabajo del Consejo.

La institucionalidad de acceso a información demanda una importante labor de promoción. Será necesario identificar aquellas áreas que requieren, con mayor urgencia, del apoyo y colaboración de este Consejo.

El sector Municipal ha manifestado las notorias dificultades que enfrenta en la implementación de la ley.

Sus necesidades y obstáculos deberán ser identificados y acompañados de una voluntad institucional coordinada para generar medidas de intervención concreta.

Los medios de comunicación, las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil han manifestado interés en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El día de ayer hemos iniciado nuestra primera campaña de difusión del derecho.

Invitamos a los ciudadanos a tomar su derecho de acceso a información y confiamos en que éste debe mostrarse eficiente para la satisfacción de sus necesidades concretas.

Quisiera agradecer el apoyo y compromiso con la misión encomendada a los miembros del Consejo Srs. Alejandro Ferreiro, Roberto Guerrero y Raúl Urrutia por su disposición, espíritu colegiado y la entrega que han mostrado en este período fundacional y que ha permitido avanzar rápidamente en este proceso. Asimismo, al nuevo equipo de profesionales del Consejo liderado por su Director General del Sr. Raúl Ferrada por su rápida disposición y la energía con que han iniciado tan importantes actividades.

Chile inicia hoy un camino. Lo hace de manera activa, comprometida y tranquila.

La institucionalidad generada debe ser usada teniendo en consideración los altos intereses del país, ya que sabemos que el cambio cultural que la ley y la Constitución exigen es de largo aliento. Confiamos en que los obstáculos que enfrentaremos durante los próximos meses serán superados con la madurez institucional y la responsabilidad ciudadana que caracterizan a nuestra sociedad.

 

Muchas gracias,