La confianza en los datos públicos sobre el Covid-19 en Chile y la legitimidad de los fundamentos y decisiones que toman las autoridades sustentadas en el acceso y conocimiento de la información para el control social, fueron parte de las líneas centrales de la conversación desarrolladas en el marco del workshop organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre acceso a información y datos en el contexto de la pandemia por Covid-19.

En este espacio, el consejero del CPLT, Francisco Javier Leturia, recalcó que: “La información es básica para tomar decisiones en cualquier orden de materias” y “lo que la crisis del Covid-19 nos está permitiendo es poner una lupa sobre un tema y ver esa urgencia y los problemas que se generan cuando la información es poca, tardía e insuficiente”. Agregó que la institucionalidad de transparencia es reciente y en Chile existe una cierta resistencia ante la instauración de una cultura de transparencia.

En este análisis coincidió el académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Fernando Rosenblatt, quien refirió a la credibilidad y problemas de legitimidad de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la ciudadanía, afirmando que “La administración y la política no tienen incorporada la dimensión de la transparencia y acceso a la información cuando se toman decisiones, cuando se recogen datos y cuando se los procesan”.

El Doctor en Ciencia Política planteó que la confianza y la legitimidad son centrales para un adecuado funcionamiento de las instituciones. “En la actualidad, legitimidad y confianza están indisolublemente vinculadas con un manejo transparente de la información”. En situaciones como estas “la ciudadanía debe tener confianza en lo que se está haciendo, y en los resultados para que esos actores estén dispuestos a no difundir información falsa y a colaborar con la gestión de la crisis”, recalcó el experto.

Respecto del papel que desempeña el Consejo para garantizar el acceso a información en la actualidad, el consejero Leturia aclaró que “el rol institucional obliga primero al cumplimiento de la ley”. Sin embargo, explicó que las entidades pueden hacer esfuerzos de carácter proactivo: “Cumplir un estándar de sociedad democrática y estar a la altura de las circunstancias, puede significar muchas veces ir mucho más allá de la ley”, apuntó el consejero. Asimismo, planteó que “la misma información que la autoridad tiene para tomar decisiones no debiera haber problema en que fuera pública, la conociéramos todos y pudiéramos opinar. Y pudiéramos poner nota a las autoridades”.

En el workshop un grupo de especialistas abordó el rol de científicos y expertos en la toma de decisiones en relación a la pandemia.  En representación del Instituto Milenio Fundamento de los Datos –entidad que decidió retirarse de la Mesa de Datos que asesora al Ministerio de Salud (Minsal) tras diferencias en torno al acceso da información- intervino Marcelo Arenas, quien explicó que las diferencias con la autoridad surgieron de una solicitud de acceso a “datos crudos” sobre la pandemia, es decir, “datos sin procesar”, de manera de permitir la búsqueda de patrones. El objetivo de ello es no sólo auditar las acciones de las autoridades, sino también el cumplimiento de una labor científica, precisó el ingeniero y PhD en Computación.

Respecto del escrutinio público que realiza Espacio Público, su investigadora, Camila Arroyo, economista que forma parte del equipo que genera informes sobre Covid-19, explicó que si bien el Gobierno ha respondido a algunas de las demandas por transparencia subsisten barreras, entre ellas problemas con la periodicidad de los informes e inconsistencias en datos.

Ante un contexto en el que los casos se están incrementando rápidamente, conocer el aumento de los casos por comuna con desfase de cuatro días es “mucho rezago”, comentó Arroyo. Esto es particularmente preocupante en un momento en que “la política pública se hace al día”, agregando que “no hay ningún tipo de mecanismo que en un período de crisis permita el acceso a datos día a día”.  Entre las inconsistencias destacó lo que ocurre a partir de cambios de definición para reportar los datos -como ocurrió con la categoría de “casos activos”- y caídas en casos acumulados de contagios en la Región del Bío-Bío.

Relevó además la necesidad de hacer presión desde la sociedad civil para disponer de mejores datos y contribuir cumpliendo con un rol de escrutinio de las acciones del Gobierno, por ejemplo, para evaluar medidas como cuarentenas selectivas. “Disponemos de más información, pero no la suficiente”, finalizó la economista.

Bárbara Poblete, académica de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y PhD en Computación, también defendió la relevancia del acceso a datos como una cuestión vital en el contexto de crisis de largo aliento que se vive, de manera de permitir a expertos y científicos proponer, escrutar, cuestionar o validar políticas públicas. Asimismo, cuestionó la poca difusión dada a los modelos de la pandemia, “deberían haber sido sometidos a escrutinio público los modelos en base a los cuales se tomaron las decisiones y debieran haber existido otros modelos independientemente generados que permitieran la validación de esas decisiones”.

El consejero del CPLT finalizó su intervención afirmando que: “Hay una virtud cívica que es crítica y determinante para la producción de buenos datos, para tener buena información y, por lo mismo, para que se tomen buenas decisiones, para que se haga un buen escrutinio público, para combatir las fake news , para ser justo con las autoridades y lo llamaría la eterna vigilancia, la perpetua vigilancia”.