La propuesta presentada por un grupo transversal de diputados, propone incorporar a los poderes Legislativo y Judicial a la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que fue reconocido como una “visión y planteamientos históricos” del CPLT por su titular, Marcelo Drago. 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) valoró la iniciativa de un grupo transversal de diputados que presentaron un proyecto de ley que modificaría la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, integrando al Parlamento y a las cortes de apelaciones respectivas a un sistema único de transparencia. Una propuesta que en palabras de su presidente, Marcelo Drago, incorpora una “visión y planteamientos históricos del Consejo”.

A 10 años de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y coincidiendo con la tramitación de la nueva normativa en la materia, ayer parlamentarios de diversos partidos ingresaron una iniciativa de ley que propone integrar al sistema de transparencia a los poderes Legislativo y Judicial, haciendo aplicable la Ley de Transparencia a los parlamentarios y cortes de apelaciones.

De acuerdo al proyecto, sería el Consejo la entidad encargada de conocer las reclamaciones de transparencia que se presenten en ambas entidades. Al respecto, el presidente del CPLT valoró la decisión apuntando a que “esta perspectiva se sustenta en la unificación del sistema de transparencia, una visión histórica que este año que conmemoramos una década de la Ley de Transparencia hemos sostenido como Consejo: contar con un sistema integral, que incluya a todas las entidades con responsabilidades públicas”.

El titular del CPLT explicó que “los poderes del Estado distintos al Ejecutivo y algunos órganos autónomos constitucionales utilizan sus propios estándares de aplicación de la ley de transparencia, distintos de aquellos que están bajo la tutela de CPLT”.

En el caso de aprobarse esta propuesta, la resolución de este tipo de situaciones quedaría en manos de un tercero autónomo e imparcial que sería el Consejo para la Transparencia.

“No es bueno para ninguna institución estar en posición obligatoria de decidir sobre temas que les afectan tan directamente puesto que no le hace bien a su propia institucionalidad y afecta la percepción de la ciudadanía que piensa que hacen normas o toman decisiones a la medida”, afirmó Drago.

El presidente del CPLT enfatizó además en que “es seguro que una medida como esta tiene un impacto innegable en materia de restauración de las confianzas, al existir para todas las entidades una misma vara. La nueva Ley de Transparencia no contempla esta mirada, hasta ahora queda fuera del proyecto de ley”.

Finalmente, el representante del Consejo para la Transparencia afirmó que este tipo de planteamientos constituye una “contribución para la democracia, el fortalecimiento institucional y la superación de la crisis de confianza en la relación con la ciudadanía”.