“Como una medida oportuna y muy potente” calificó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, la decisión del Poder Judicial de remover a dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua acusados de tráfico de influencias, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, aplicándoles la máxima sanción interna del Poder Judicial.

El titular del CPLT destacó que ésta sumó a un paquete de acciones que implementó la institución poco después de destaparse la situación de Rancagua, aplicable a todos los tribunales del país en pro de mayor transparencia y probidad. Y destacó que la medida es una señal a la sociedad en su conjunto: “dada la gravedad, que estimo máxima, de este tipo de cuestionamientos creo que la Corte Suprema actúa apegada a sus atribuciones con el mayor rigor y con eso le envía una señal muy potente al país para que vuelva a confiar a tener credibilidad en un sistema de justicia que es uno de los pilares básicos de nuestra democracia”.

Consultado sobre las acciones que deberán emprenderse en un marco en el que las confianzas se ven negativamente impactadas por este tipo de situaciones, Jaraquemada comentó que el desafío que se impone en materia de transparencia y probidad toca a todas las instituciones por igual, tanto de sector público como del privado. “Más allá del Poder Judicial, creo que todas las instituciones tenemos el deber de entender que hoy la ciudadanía nos está planteando una solicitud de transparencia que no es solamente hacia el Estado sino que es a la sociedad completa. Es decir, autoridades públicas pero también los privados deben sentirse remecidos por este escrutinio, por esta demanda que está en la sociedad de una mayor transparencia de dejar atrás la opacidad, los conflictos de intereses y cualquier otra forma que esté reñida con la probidad”.

En este sentido destacó el esfuerzo que se hizo desde el Consejo para la Transparencia que permitió configurar una propuesta de Acuerdo Nacional Anticorrupción, socializado entre representantes de diversas instituciones públicas en los últimos meses -entre ellos el Presidente de la República- y el trabajo que inició el Ejecutivo que tomó en cuenta parte de las propuestas del CPLT en la llamada agenda de modernización del Estado, dada a conocer hace algunas semanas. Respecto de este punto el presidente del Consejo subrayó: “Yo creo que ese es el camino correcto. Ahora, así como instalar una cultura de transparencia en un país, también cuesta mucho desvirtuar una cultura de desconfianza. Por lo tanto, creo que hay que actuar lo más oportuna y rigurosamente para detener este proceso de desconfianza lo antes posible”.

“Nos falta un proceso regulatorio de poner al más alto estándar nuestra legislación para poder que pueda ser empática con los mayores estándares de las prácticas internacionales. A nosotros ya no nos queda bien medirnos con ciertos y determinados estándares que antes parecían adecuados. Hoy día tenemos que dar un salto cualitativo para medirnos con lo más óptimo que hay en términos de rechazo de la corrupción y la anti probidad”, finalizó Jaraquemada.