- Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), presentó los principales hitos de la gestión 2021.
- Entre otros, los avances que se han evidenciado en materia normativa tras el anuncio del gobierno de empujar el proyecto de ley de transparencia actualmente en tramitación en el Congreso, y en el reconocimiento de principios clave para el quehacer de la institución, que pasarán al borrador del texto constitucional.
Con foco en procesos políticos relevantes como el trabajo de la Convención y en la centralidad del acceso a la información en momentos de crisis como fue la pandemia y el estallido social, presentó esta mañana Cuenta Pública Participativa del Consejo para la Transparencia correspondiente a la gestión 2021 (CPLT), la presidenta del organismo, Gloria de la Fuente esta mañana.
En su discurso, De la Fuente destacó la relevancia del fortalecimiento de instituciones que combaten la corrupción y promueven la integridad funcionaria y la transparencia, y subrayó la relevancia de la colaboración, la sociedad civil y la ciudadanía las personas en una labor conjunta.
En una actividad híbrida, la titular del CPLT comentó también algunos hitos que se han sucedido en materia de transparencia en los últimos días. El viernes pasado, a partir de la aprobación de los principios de transparencia, probidad y acceso a la información por parte del pleno de la Convención Constitucional, sumado al reconocimiento constitucional del organismo; y el anuncio del gobierno ayer de empujar la tramitación del proyecto de ley actualmente en trámite que readecúa la normativa de transparencia, que este año conmemora más de 10 años años desde su promulgación.
La titular del organismo se refirió también a algunas cuestiones propias de la gestión del Consejo, como la reducción de plazos de respuesta ante amparos y reclamos, y la intensificación del rol fiscalizador del organismo, que lo llevó a iniciar cerca de 20 procesos sancionatorios en contra de instituciones públicas. Asimismo, apuntó al cambio que se introdujo en materia de fiscalización, orientada a poner en valor la relevancia del acceso a la información desde un punto de vista de utilidad e impacto en la vida cotidiana de las personas.
“No renunciamos a dos cuestiones centrales: la convicción de que teníamos que llegar a más personas de las que normalmente podíamos llegar –habíamos planteado particularmente acercarnos a grupos vulnerables y personas afectadas por la brecha digital-; y no retroceder en materia de defensa de la protección de derechos fundamentales, incluso en contextos de excepción constitucional”, dijo.
Sobre transparencia y la Convención, De la Fuente indicó que “la transparencia no era solo relevante en el proceso de discusión de la nueva constitución”, lo era igualmente en el resultado. Y explicó que “tempranamente decidimos que acompañar el proceso en distintas etapas implicaba también los contenidos, de manera de reforzar en la discusión pública el rol central que creemos deben tener temas como transparencia e integridad desde la perspectiva integral de un ecosistema de entidades y normas que actúan coordinadamente”.
Algunas cifras
De acuerdo a los datos del CPLT, durante el año 2021 se recibieron alrededor de 220 mil solicitudes de acceso a información pública, registrándose más de 1 millón 300 mil requerimientos entre 2013 y 2022. En tanto en 2021 se alcanzaron mas de 9 mil casos, subiendo de 8.572 amparos a 9.553 entre 2020 y el año pasado.
En 2021, las instituciones más reclamadas fueron principalmente las relacionadas con temas de salud y de orden público, lo que acorde a la institución podría atribuirse a un mayor interés por información relacionada al manejo de la pandemia y a las consecuencias del estallido social.
Durante el año pasado, los municipios del país recibieron casi 74.000 solicitudes de acceso a información por medio del Portal de Transparencia, uno de los organismos públicos que más requerimientos de este tipo recibe.
