Este viernes el Consejo para la Transparencia realizó una audiencia por el caso C39-10, deducido por Paulo Álvarez Bravo contra la Subsecretaría del Interior. El requirente había solicitado a dicho organismo información sobre el plan de intervención policial en la población La Legua. Aunque recibió información, consideró que ésta era incompleta e interpuso un amparo ante el CPLT.
Tras analizar el caso el Consejo convocó a una audiencia que se centró en:
- Conocer si existe formalmente el denominado “Plan de Intervención de la población La Legua”, y si éste consta en uno o más documentos, o bien si la denominación de “Plan de Intervención” se ha dado a un conjunto de iniciativas en materia de seguridad pública diseñadas e implementadas en la población aludida por diversos órganos gubernamentales.
- Si el “Plan de Intervención de la población La Legua” -en caso de existir formalmente como tal- o los proyectos y demás iniciativas que lo componen, se enmarcan dentro del Plan Comunal de Seguridad Pública, respecto de la comuna de San Joaquín, del cual da cuenta la página web institucional de la División de Seguridad Pública del Ministerio de Interior.
- Si las consultas del requirente obedecen a alguna política del Ministerio, independiente de la denominación, y si hay documentos que la sustentan.
La sesión estuvo dirigida por el presidente del Consejo, Raúl Urrutia, junto con los consejeros Alejandro Ferreiro y Juan Pablo Olmedo. Acudieron el propio reclamante, Paulo Álvarez, y, por parte del organismo reclamado, los profesionales Elizabeth Collins Von Hausen, Jefa de la Unidad Jurídica de la División de Seguridad Pública, y Manuel Pérez Saavedra, Asesor Jurídico de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior.
Tras cincuenta minutos de reunión el Consejo dio plazo hasta el jueves 15 para que la Subsecretaría del Interior presente al CPLT, si es que lo hubiere, algún documento relacionado con la estrategia de seguridad en La Legua, bajo el Artículo 26 de la Ley de Transparencia.
