 |
| La audiencia fue presidida por el Consejo Directivo en pleno, encabezado por su presidente Alejandro Ferreiro. |
El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia presidió una audiencia pública respecto al amparo C1101-11 que se refiere a la negativa a una solicitud de información presentada por Juan José Soto Cortés ante el ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) con objeto de obtener los correos electrónicos del ministro Cristián Larroulet vinculados a su función pública entre los días 18 y 21 de julio de 2011.
En la petición se precisó que se trataba de “los correos electrónicos enviados y recibidos desde y hacia cuentas de otros funcionarios públicos, y que traten de materias propias del desempeño de las funciones públicas del Ministro Secretario General de la Presidencia, excluyendo cualquier e-mail que el Ministro considere está bajo el alero de su vida privada”.
La solicitud de información fue denegada por el ministerio “…señalando que los correos electrónicos requeridos no constituyen información pública –motivo por el cual no resulta aplicable, a su respecto, la Ley de Transparencia–, su entrega vulneraría los derechos fundamentales garantizados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que los correos electrónicos se encuentra protegidos por dichas garantías constitucionales, sin que la Ley de Transparencia posea la especificidad necesaria para constituir una excepción a dicha protección…” y fundamentándolo a través de diversos argumentos jurídicos.
Una vez presentado el amparo ante el Consejo para la Transparencia y los descargos del ministerio, el reclamante solicitó al Consejo citar a una audiencia pública para profundizar los argumentos considerando su relevancia e interés público. Fue debido a esa solicitud que se realizó la audiencia.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, al iniciar la audiencia aclaró que normalmente el Consejo cita a audiencias para profundizar respecto a aspectos de hecho vinculados a la solicitud de información, pero que en este caso excepcional, dado el interés público del tema, se discutirían aspectos relacionados con el derecho y la legalidad de hacer públicos los correos electrónicos de autoridades, los cuales son enviados en el ejercicio de su función.
El reclamante asistió acompañado del abogado Rodrigo Mora Cortés, y en representación del ministro estuvo el abogado jefe de la División Jurídico-Legislativa de la subsecretaría General de la Presidencia, Sebastián Soto Velasco, y la abogada de dicha división, María Jaraquemada.
Durante la audiencia, el reclamante y su abogado enfatizaron que conocer los correos electrónicos que una autoridad envía en ejercicio de su función pública es muy importante porque son un elemento más de cómo hoy se ejerce su mandato, ya que han cambiado los sistemas de comunicación. Agregaron que la jurisprudencia internacional señala que el debate hoy no está en la petición de los correos, porque mayoritariamente se consideran públicos, sino respecto a su contenido, respetando siempre aquellos relacionados con su vida privada.
Por su parte, el abogado jefe de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, aclaró que el ejecutivo ha negado las peticiones de acceso a correos electrónicos de autoridades porque se consideran reservados y que solo pueden ser conocidos por quien los envía y quien los recibe. Este criterio está amparado en la privacidad de las comunicaciones que establece la Constitución y cuyas excepciones no se establece en la Ley de Transparencia.
El Consejo Directivo del CPLT recibió numerosos documentos e informes que adjuntaron ambas partes, los que deberá revisar previo a dictar una resolución en este caso, la cual, según su presidente, podría conocerse en alrededor de 14 días más.
