Con el objetivo de conocer en detalle la verdadera situación respecto a la cantidad de bases de datos que hoy existen en el sector privado, el nivel de cuidado que se le da a los datos personales y hacer una evaluación de los requerimientos económicos y de carga de trabajo para el Consejo para la Transparencia en caso de asumir la supervigilancia de todas las bases de datos en el país, esta entidad encargó al Centro de Sistemas Públicos de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile un estudio integral.

Éste fue un trabajo que tomó varios meses de ejecución con un acabado estudio de los sistemas de protección de datos personales imperantes en el extranjero, las nuevas tendencias en esta materia, las opiniones de expertos en el país, y también a nivel de lo que implicaría en cuanto a las nuevas exigencias que asumiría el Consejo para la Transparencia en caso de aprobarse la normativa que hoy se encuentra en el Congreso y que le entrega a este organismo la vigilancia sobre las bases de datos tanto a nivel público como privadas. Según la Ley N° 20.285, el CPLT tiene la facultad de “velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 de protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado”.

Un aspecto muy importante para el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, fue lograr obtener un diagnóstico de la magnitud de trabajo que implicaría asumir la tarea que el proyecto de ley hoy le encomienda, conocer la cantidad de recursos económicos que necesitaría para asumir bien esa responsabilidad y los cambios que debería realizar a su estructura actual.

La investigación cumple con esas exigencias y para el Consejo es un instrumento útil que permitirá aportar en el debate del proyecto de ley que hoy se discute.