Como una manera de colaborar con el debate sobre el proyecto de ley para el Presupuesto de la Nación 2019 y anteponerse además a lo que contemplado en la iniciativa que modifica la Ley de Transparencia, en cuanto a disponer información presupuestaria accesible a la ciudadanía, el Consejo para la Transparencia entregó una serie de recomendaciones y propuestas normativas al proyecto de Ley de Presupuestos, que apuntan a favorecer la transparencia y difusión de una serie de aspectos del erario fiscal.
El presidente del Consejo, Marcelo Drago, explicó la finalidad de estas recomendaciones: “Las autoridades no pueden olvidar que la información asociada al presupuesto es de la ciudadanía. Estas recomendaciones y propuestas normativas permiten que demos un nuevo paso en materia de control social, una práctica de cara a la ciudadanía que además apunta a adelantarnos a lo que dispondría la nueva Ley de Transparencia, que va en la línea de aumentar los estándares de acceso y difusión a diversos aspectos vinculados con la información presupuestaria que suele estar llena de tecnicismos”.
Vía oficio a autoridades del Senado, de la Cámara de Diputados y de Hacienda vinculadas a la discusión del Presupuesto –debate iniciado el 29 de septiembre pasado-, el CPLT planteó la implementación de reformas legales enfocadas principalmente a la difusión y obligación de informar diversos antecedentes contemplados en la Ley de Presupuesto, pero cuya puesta a disposición de la ciudadanía no se vincula con una obligación de transparencia activa, según los estándares establecidos en la normativa de Transparencia.
Drago se manifestó a favor de la aprobación de la ley con las modificaciones propuestas desde el CPLT dado que: “consideramos necesario colaborar con el fortalecimiento de la rendición de cuentas, con lenguaje claro, y esta propuesta es una forma de aportar en la construcción de un país que favorece la mirada pública”. “Es nuestro ánimo trabajar arduamente en abrir las ventanas en el Estado, en este caso en materia de acceso a la información sobre el presupuesto fiscal”, dijo.
Entre las sugerencias planteadas por el Consejo para la Transparencia, destacan que la difusión vía páginas web de procesos de selección que se someten al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), e informes y documentación relativa a ingresos y gastos del Gobierno Central asociados con la ejecución y modificaciones presupuestarias, se efectúen con los estándares establecidos por la Ley de Transparencia, y no se trate de simple obligaciones de informar.
Asimismo, el Consejo refiere a la obligatoriedad de publicar copias de decretos, estados financieros semestrales y balances anuales de empresas del Estado, informes semestrales sobre la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y del Banco Central, entre otros respaldos documentales, los que también deben ser publicados en conformidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.
Respecto de partidas presupuestarias específicas se mencionan las de carteras como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), sugiriéndose una serie de estándares establecidos en la Ley de Transparencia.
En el caso del MOP y en el MTT se plantea incorporar los estándares de la Ley de Transparencia a la obligatoriedad de difundir vía sitio web de las entidades los estudios e investigaciones relacionadas con bienes y servicios de consumo, proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas que haya realizado la cartera; y los decretos y resoluciones aprobadas de órganos y servicios dependientes o documentación que sancione actos administrativos (manuales, estudios, instructivos y otros similares). Esto de manera de conocer argumentaciones y antecedentes de decisiones técnicas.
A estas recomendaciones específicas se suma la eliminación de las cláusulas de confidencialidad contractual como causal de reserva en el caso de la glosa presupuestaria del Ministerio de Agricultura y cambiar la “afectación a intereses comerciales” por “afectación a derechos comerciales” como fundamento para negar acceso a cierta información.
El titular de Transparencia planteó también la posibilidad de extender estos estándares a la ejecución del gasto: “Es necesario difundir información sobre el presupuesto, porque cualquiera tiene derecho a saber más y a exigir más antecedentes sobre esta materia. Incluso proponemos ir más allá con la implementación de estos estándares en lo relativo a la ejecución presupuestaria”.
Sumado a esto, argumentó que extender estas recomendaciones evitaría debates muy técnicos y acusaciones entre administraciones entrantes y salientes al momento de un cambio de Gobierno. “Hemos visto que el gasto fiscal es un tema que ha generado polémicas cuando sale una administración y entra otra. Esto podría acabarse si pensamos en incluir medidas pro transparencia también en relación al gasto público. Quienes toman decisiones deben estar dispuestos a dar cuenta de dichas decisiones”, dijo Drago.
