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El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro junto al director general de la institución, Raúl Ferrada, dio a conocer los resultados de un proceso de fiscalización a universidades de la administración central del Estado.
Esta es la segunda fiscalización que hace el Consejo a un sector específico, anteriormente se evaluó el sector salud, tema que junto con educación, se demuestra en las encuestas nacionales realizadas por el CPLT como los de mayor interés para la ciudadanía y donde más se demanda transparencia. El proceso de fiscalización se dividió en evaluación del desempeño general en derecho de acceso a la información pública en el sector educación con foco en las universidades y evaluación del desempeño en el cumplimiento de las obligaciones de la llamada Transparencia Activa en las universidades, esto es la obligación de publicar una serie de información en sus sitios electrónicos mensualmente, incluyendo presupuesto, remuneraciones y auditorías a su ejecución presupuestaria.
La fiscalización a las obligaciones de transparencia activa se efectuó a las 16 universidades estatales entre el 13 y 20 de octubre, obteniendo un promedio total de cumplimiento del 20,60%. El mejor puntaje lo obtuvo la Universidad Tecnológica Metropolitana con 59,53%, seguido por la del Bío-Bío con un 38,89% y la de Playa Ancha, con un 36,40%. y el más bajo la Universidad de Antofagasta con solo 6,9%. Ver presentación completa y ranking.
En forma paralela se hizo una revisión de los reclamos presentados ante el CPLT por negativas a solicitudes de acceso a información pública. De un total de 1.954 reclamos presentados en organismos de la administración del Estado, 208 corresponden al sector educacional (11%), ubicando a Educación como uno de los más reclamados de los organismos centrales del Estado. Además, las universidades muestran una alta cantidad de reclamos por Transparencia Activa 4,6 veces más que otras instituciones de Educación. Cabe destacar que un 97% de los reclamos hacia las Universidades ha sido acogido parcial o totalmente por el Consejo (vs 76% de otras instituciones), lo que muestra un bajo rendimiento en dar respuesta efectiva a las solicitudes ciudadanas.
El CPLT notificó a todas las universidades estatales los resultados de esta fiscalización y les dio un plazo de 10 días para entregar un plan de trabajo que les permita alcanzar el cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia activa, las cuales deben estar reflejadas en sus sitios electrónicos en 45 días más.
El presidente del CPLT, Alejandro Ferreiro, señaló que las universidades públicas no han tenido la debida consideración a las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se refleja en altos niveles de incumplimiento. “Las obligaciones que están en la Ley están siendo cumplidas de un modo muy deficiente”, enfatizó.
