Con el objetivo de implementar una serie de herramientas y mecanismos para asegurar transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en los proyectos de ley que se impulsan para implementar el paquete de beneficios y ayudas que van en directo apoyo de personas y familias que enfrentan el impacto económico y social derivado de la pandemia por Covid-19, el Consejo para la Transparencia (CPLT) remitió un oficio con recomendaciones a representantes del Congreso Nacional.

Estos lineamientos, acorde a lo explicado por el titular de Transparencia, Jorge Jaraquemada, buscan “facilitar el acceso y entrega de información sobre una serie de iniciativas que debe tramitar el Parlamento previo a la ejecución de las acciones del plan propuesto por el Ejecutivo, para que se contemplen en esta etapa ciertas obligaciones en materia de transparencia y publicidad”.

El representante de la entidad se refiere así a la fase previa a la implementación del Acuerdo Nacional por la Protección Social y Recuperación de Empleos, anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera en junio pasado. La iniciativa, que contempla una serie de beneficios que van en apoyo de personas y familias que deben enfrentar el impacto económico y social de la pandemia por Covid-19 –entre ellos la ampliación y fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia y asignación de fondos adicionales para municipios y otras organizaciones-, requiere de la aprobación de una serie de iniciativas legales por parte del Parlamento previo a su ejecución.

Jaraquemada detalló que la propuesta “incluye asesoría en materia técnica y normativa del Consejo en esta etapa, pensando en que la difusión y acceso a información sean efectivos, así también en lo relativo a la rendición de cuentas de los recursos destinados a las acciones propuestas en el marco del plan, que involucran US$12.000 millones de fondos públicos, que deben gastarse eficientemente”. “Cualquier ciudadano debiese poder tener información clara, fácilmente accesible y oportuna sobre medidas que van en directa ayuda de las personas que la están pasando mal”, agregó el presidente del CPLT.

“Es fundamental ser efectivos y reducir errores no forzados cuando se comuniquen detalles de estos beneficios. Hay que ser claros en quiénes podrán recibirlos y cuáles son los requisitos impuestos, porque en la implementación de planes en beneficio de la ciudadanía, la confianza también se pone en juego. Si no hay claridad sobre quién recibe el beneficio o por qué lo recibió alguien que a juicio de una persona no debió ser beneficiario de una determinada política, plan o programa, está en jaque la credibilidad de las instituciones”, espetó Jaraquemada.

Otra de las materias que aborda el oficio del CPLT (Nº 853) apunta a facilitar la reutilización de la información pública, sugiriendo disponibilizarla en formato de datos abierto y reutilizable.

El documento se suma a una serie de comunicaciones que el CPLT ha remitido a diversas entidades del sector público en el contexto de la emergencia sanitaria “con el foco en la necesidad de elevar los niveles de transparencia, mediante acciones proactivas, para promover y perfeccionar los estándares que los distintos organismos están aplicando en el marco de una crisis sanitaria en la que las obligaciones en estas materias no se han suspendido, siguen vigentes, más que nunca en un contexto económica y socialmente complejo”.