• En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, entregó cifras del Estudio Nacional de Transparencia que realiza anualmente el organismo y que apuntó a diferencias de género en el acceso a información pública “que ·atentan contra las mujeres” y sus posibilidades de ejercer otros derechos u optar a beneficios, dimensión aún más relevante en un contexto de pandemia.  
• “Es necesario que lo público, en su conjunto, se comprometa a trabajar por mejorar la evaluación que las mujeres realizan de su relación con el Estado, derribando con ello la barrera invisible que para ellas implica recurrir a él”, dijo su titular, Gloria de la Fuente.

La persistencia y creación de importantes brechas en materia de transparencia y “diferencias de género que atentan contra las mujeres” y que inciden en una percepción más crítica de su relación con el Estado, mostró el Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales 2020 del Consejo para la Transparencia (CPLT).

La segunda mujer en liderar el CPLT en 12 años de existencia, Gloria de la Fuente, apuntó esto puede jugar en contra del derecho de acceso a la información como “derecho llave”, es decir, para requerir información a entidades públicas y utilizarla con la finalidad de ejercer otros derechos, lo que en contexto de pandemia puede traducirse en la pérdida de antecedentes sobre beneficios económicos y sociales.

Al entregar estas estadísticas que anualmente presenta la entidad, la titular del CPLT reconoció los avances en términos de disminución de las desigualdades que viven las mujeres, pero enfatizó en una evaluación más crítica por parte de las mujeres sobre la relación que se establece entre ciudadanía y Estado, y sobre la calidad de la información que éste le entrega. Por ejemplo, las mujeres manifestaron una mayor percepción que los hombres de que existe mal trato (84% v/s 80%), que los organismos públicos son poco transparentes (79% v/s 77%) y que la información que las instituciones públicas ponen a disposición es poco confiable (39% v/s 45% respectivamente, consideran que es confiable).

Una de las aristas de la labor del Consejo, que abordó su presidenta a partir de estas cifras, se asoció con la promoción del acceso a la información pública como “derecho llave” en el caso. Al respecto explicó que se trata de “un vehículo a través del cual se puede obtener información, acceso y/o la protección de otros derechos que el Estado debe asegurar, como salud y educación”.  Agregó que: “Para que el acceso a estos derechos funcione, el tipo de relación entre la ciudadanía y el Estado es clave y ésta, lamentablemente, refleja diferencias de género”, las que imponen barreras a los objetivos que persiguen las mujeres cuando se acercan a solicitar información a entidades públicas.

Obstáculos en la relación con el Estado inciden más en pandemia 

Por otra parte, el estudio del CPLT apuntó a una baja internalización de conocimientos sobre la Ley de Transparencia –solo un 15% de las mujeres declara conocerla, versus un 20% en el caso de los hombres- y del Consejo para la Transparencia (un 13% de las mujeres y un 23% de los hombres encuestados).

De la Fuente explicó que la dimensión de transparencia y acceso a la información son aún más relevantes en un contexto de emergencia sanitaria, social y económica derivada de la pandemia. “Esta negativa percepción de las mujeres sobre el Estado, sumado a un menor conocimiento de la institucionalidad de transparencia, impone una barrera entre éstas y la administración pública, generando menor interés en acceder al Estado, lo que en tiempos de crisis puede significar perderse información de beneficios económicos y sociales que hoy podrían hacer una gran diferencia en sus vidas”, dijo.

Y agregó que se “trata de una dimensión que en tiempos de pandemia se ha vuelto trascendente, pues ante la incertidumbre y la precarización de las condiciones materiales que ha impuesto el coronavirus, el Estado ha debido tomar un rol muy activo para paliar sus efectos, ampliándose con ello el catálogo de beneficios y subsidios”.

Las que más información piden, pero menos reclaman

La medición arrojó además que si bien las mujeres tienden a pedir más información que los hombres al Estado (36% versus 33%), están menos dispuestas a presentar un reclamo si los resultados de su solicitud son infructuosos (37% versus 43%). Un dato que se ve reforzado por el Estudio de Satisfacción de Usuarios 2020, en el que un 66% de quienes presentan reclamos o amparos ante el Consejo, son hombres, porcentaje que cae a la mitad (33%) en el caso de las mujeres.

Ante este contexto, la titular de Transparencia dijo: “Como Consejo seguiremos poniendo énfasis en la promoción de este derecho en las mujeres, pero es necesario que lo público, en su conjunto, se comprometa a trabajar por mejorar la evaluación que las mujeres realizan de su relación con el Estado, derribando con ello la barrera invisible que para ellas implica recurrir a él”.