Una nueva fiscalización desarrolló el Consejo para la Transparencia, cuyo informe reveló que hubo más de 1.200 actos que autorizaron suspensiones de clases el año 2022 y cerca de 750 en 2023.
En la indagatoria se analizó la información del periodo 2019 a 2023 publicada en transparencia activa por la Subsecretaría de Educación, que publica de manera centralizada la información referente a esta materia correspondiente a las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales de Educación del país.
Es importante destacar que la investigación evidencia que existe heterogeneidad en la forma de publicar las resoluciones que aprueban suspensiones de clases, particularmente en la descripción del acto administrativo. Por ejemplo, no todas las resoluciones indican la ubicación geográfica (región, comuna o provincia) donde ocurre la suspensión.
En el detalle, el examen del CPLT identificó que las regiones que tienen mayor cantidad de resoluciones en esta materia son Valparaíso, Arica y Parinacota y La Araucanía. En tanto, a nivel comunal, las comunas con mayor número de este tipo de actos administrativos fueron Arica, Viña del Mar, Valparaíso, Coyhaique y San Antonio.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló al respecto: “Más allá de un eventual incumplimiento legal, es preocupante que en ciertos casos esta información no esté publicada o lo esté de forma incompleta o errónea. Ello, porque la transparencia en la gestión ministerial es fundamental para promover la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el control social, lo que contribuye, a su vez, a fortalecer la democracia. Además, esta falta de información dificulta el acceso de la ciudadanía a información que es de total interés público, como lo es, por ejemplo, aquella referida a las consecuencias de la delincuencia en la actividad escolar, que ha llegado al extremo de generar la suspensión de clases. No olvidemos que, según las últimas encuestas disponibles, la delincuencia es la primera preocupación de los chilenos”.
En cuanto a las causales de suspensión de clases, la fiscalización del CPLT encontró solo 490 documentos (16% del total analizado) que disponen de información respecto a ello. El motivo mayormente mencionado es “fuerza mayor” con 232 documentos (47%) y le sigue el “Covid” con 93 resoluciones (19%).
En base a la revisión del sitio de transparencia de la Subsecretaría de Educación se evidencian incumplimientos a la normativa de Transparencia Activa: tipologías genéricas, información no disponible e inconsistencia en la información pública. Además, una falta de estandarización en la forma de publicar las resoluciones asociadas a la suspensión de clases.
Al respecto, el titular del CPLT, agregó: “Las seremías están obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia, la cual es muy clara en señalar que deben mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, y de forma actualizada, los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, dentro de los que se encuentran aquellos que autorizan la suspensión de clases. En este caso la publicación se hace a través de la Subsecretaria de Educación, que centraliza la información de cada seremía”.
El Consejo para la Transparencia tiene el deber de garantizar, promover y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y, es en ese marco, que realiza periódicamente fiscalizaciones en transparencia activa a los servicios públicos con el fin de determinar si se está cumpliendo con la normativa legal.
