El Consejo para la Transparencia desarrolló una exhaustiva fiscalización a 322 servicios públicos de la administración central Estado. El objetivo fue detectar presuntas infracciones en relación con la publicación de información transparencia activa, cuya divulgación es una obligación legal. Esto con el fin de ver el estado de cumplimiento que establece la Ley de Transparencia.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, sostuvo al respecto: “Esta es la primera investigación basada en nuestro modelo integrado de fiscalización. Esto quiere decir que se verificaron, tanto posibles infracciones en no disponibilidad y desactualización de la información. Aquí estamos hablando de un desde, todos debiesen tener 100% de cumplimiento en acceso a información pública. No tenerlas aumenta los espacios de sospecha y opacidad, lo que genera un daño a nuestra democracia. Seguiremos más fuerte que nunca con nuestro principal rol; esto es fiscalizar que las instituciones del Estados cumplan con la Ley de Transparencia”.

En la fiscalización el CPLT detectó un nivel de cumplimiento de un 87,1%, dos puntos más que en la última medición que fue el 2018, en la cual obtuvieron un 85%. En esta ocasión, en 84 organismos no se detectaron infracciones por no disponibilidad o desactualización de información, mientras que en los 238 restantes se encontró al menos una falta a la Ley de Transparencia.

Dentro de las faltas que se hallaron por no disponibilidad de información están: Sistema de Compras públicas (38,2%), Presupuestos asignados y ejecución (20,2%) y trámites ChileAtiende (21,1%), entre otras.

En tanto, en materia de desactualización de la información se encontraron fallos en: Actos y resoluciones con efectos sobre terceros (27,3%), contratos relativos a bienes inmuebles (16,8%), Personal de contrata (14,1) y personal de honorarios (14%), entre otros.