Con el objetivo principal de elevar los estándares de transparencia y asesorar en la materia al Poder Legislativo, este martes 16 de abril el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, suscribió un convenio de colaboración con Paulina Núñez, quien lidera la Comisión Bicameral de Transparencia, que reúne a representantes de la Cámara de Diputados y del Senado.

El titular del CPLT afirmó tras la actividad que “el convenio que hemos suscrito con la Comisión Bicameral de Transparencia apunta a poner a disposición del Congreso Nacional la expertiz del Consejo para la Transparencia en materia de acceso a la información pública, transparencia activa y pasiva y las buenas prácticas, además de implementar mejores estándares internacionales y sobre todo nacionales en esta materia”.

El acuerdo, según se explicó, implica que el Consejo elaborará un diagnóstico y una propuesta que incluye acciones concretas para elevar estándares de transparencia y acceso a la información vinculada a ambas cámaras. “Creo que a 10 años del Consejo para la Trans

parencia se han desarrollado y perfeccionado estándares que se utilizan en todo el Estado y poder sentarnos a trabajar con un poder del Estado sobre el cual, por cierto, no tenemos facultades, sino que voluntariamente, por medio de este convenio podemos transmitir nuestra expertiz, creo que es un paso importante para fortalecer las instituciones públicas”, subrayó Drago.

La diputada y presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia en el Congreso Nacional, planteó como uno de los objetivos de esta acción “que toda nuestras políticas públicas y nuestro accionar en materia de transparencia y probidad mejore”. Además, destacó “que hoy día es clave avanzar con las propuestas que el Consejo haga y no estar nosotros mismos siendo juez y parte”.

Pese a que el CPLT no tiene facultades sobre el Poder Legislativo, este convenio permitirá un trabajo conjunto con el Parlamento para promover de manera activa buenas prácticas en transparencia y avanzar en acciones que permitan aumentar el acceso a la información de parte de

la ciudadanía. Se busca entonces elevar una serie de estándares que son evaluados por el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que se aplica bianualmente a los parlamentos, con miras a la medición de 2020.

El mencionado índice de transparencia en el poder legislativo se divide en cuatro dimensiones: normativa, labor del poder legislativo, presupuesto y gestión administrativa y participación ciudadana. Su objetivo es ser una herramienta de medición periódica, independiente y objetiva acerca de la existencia de estas dimensiones.