El presidente del CPLT consignó que es positivo para el país introducir cambios al Código de Justicia Militar en lo relativo a seguridad nacional, entre otras materias.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, participó esta semana en la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, instancia en la que se analiza el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública para aplicar normas de Transparencia y publicidad a las Fuerzas Armadas y de Orden.
Tras la reunión, Drago explicó que es de interés del Consejo, como órgano autónomo del Estado, colaborar con la tramitación de los cambios a estos marcos regulatorios y exponer la visión que se tiene sobre la materia desde la experiencia que ha adquirido la corporación a 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia.
El titular del CPLT celebró el proyecto calificándolo de “positivo” y de “avance en materia de transparencia, probidad y combate a la corrupción en el país”. Agregó que la relevancia de esta modificación radica en que se trata de una materia que debe abordarse puesto que “las condiciones que el Código de Justicia Militar establece para los secretos de Defensa son inaceptables en el contexto constitucional actual”.
Asimismo, Drago relevó las observaciones que el Consejo realizó para mejorar el texto actual en lo relativo a la definición de seguridad nacional y al establecimiento de la afectación de la misma “y no solo información relacionada con la seguridad nacional”. Respecto de este último punto Drago afirmó que se “cae en el absurdo puesto que si alguna información pueda estar vinculada a la seguridad nacional y es conveniente que se conozca, no se podrá difundir porque existe este artículo del Código de Justicia Militar. Creemos que se tiene que modificar y en eso el proyecto es un verdadero aporte y esperamos que siga adelante”.
El presidente del CPLT informó también que se presentaron propuestas de perfeccionamiento en materia de los órganos a los cuales se plantea extender la Ley de Transparencia y sobre los procedimientos.
