En el marco de la actividad, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, presentó paquete de 43 medidas en ámbitos como Municipios y Congreso, entre otros, contenidos en el Acuerdo Nacional Anticorrupción que busca servir de base para el debate sobre modernización institucional ante crisis de confianza que impacta a entidades centrales para la democracia.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) suma a una serie de cifras históricas un nuevo hito, la sesión número 1.000 de su Consejo Directivo desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ante ello, la institución realizó una sesión de carácter público en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica,  (UC) instancia en la que el Consejo Directivo de la entidad revisó y decidió sobre amparos presentados ante el CPLT en contra de instituciones públicas que recibieron solicitudes de acceso a la información y denegaron la entrega de antecedentes o entregaron respuestas incompletas o insatisfactorias.

En la oportunidad, y tras presentarse un diagnóstico de la corrupción en Chile de la Unidad de Estudios del CPLT, el presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada, entregó detalles de la propuesta de Acuerdo Nacional Sobre Integridad Pública y Anticorrupción del CPLT, documento que reúne 43 medidas en ocho ámbitos y que persigue enfrentar la crisis de confianza que está afectando a instituciones centrales para la democracia.

Al respecto, el titular de Transparencia subrayó la necesidad de abrir a la ciudadanía instancias de decisión como la que constituye el Consejo Directivo y mostrar a la comunidad que las personas están haciendo un uso intensivo de las herramientas disponibles para acceder a información en poder de organismos del Estado. Lo anterior se traduce por ejemplo, en haber superado 1 millón de solicitudes de acceso a la información (1.030.329) y  en presentación de cerca de 33 mil quinientos (33.473) casos ante el Consejo Directivo a junio de 2019.

“la propuesta pretende ser un documento de trabajo que dé inicio a una discusión entre aquellas entidades que tengan algo que decir en el ecosistema de transparencia, probidad e integridad pública”, incluyendo a los tres poderes del Estado y organismos autónomos para “dar un salto cualitativo y no quedarnos en meros cambios cosméticos, que de una vez por todas nos coloque en los máximos estándares de exigencia en materia de integridad pública, espetó Jaraquemada.

 

El director (s) del Consejo para la Transparencia, Daniel Pefaur, explicó el impacto de la corrupción en Chile y presentó un diagnóstico del CPLT que apunta a una “alerta roja”. Sobre el particular afirmó que la corrupción “Hoy es un tema instalado en Chile, del que hay que preocuparse y ocuparse”. Por ello, el llamado de este organismo es a las instituciones públicas a “avanzar hacia mayores estándares de transparencia, rendición de cuentas, probidad y políticas anticorrupción”.

Entre las medidas específicas que conforman la propuesta del Consejo destacan: la ampliación de la llamada “puerta giratoria”, ampliando los sujetos que deben respetar períodos de congelamiento. Respecto del Congreso, se plantea entre las iniciativas que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, sin recibir remuneración por actividades de carácter pública o privada.

Otro de los aspectos destacados por el documento refiere a la narco corrupción, temática que para Jaraquemada está generando una “alerta mayúscula” en casos de este tipo, que de acuerdo a la experiencia internacional suele afectar primeramente a las policías y al Poder Judicial.

Respecto de los municipios manifestó que hay algunos que tienen niveles de probidad y transparencia altos, pero “también encontramos muchos casos donde los niveles de transparencia y probidad son bastante precarios”.

Señaló que en los últimos cuatro años se han identificado 46 casos de irregularidades y faltas a la probidad en municipios. “Sabemos que los municipios son las puertas más cercanas que tiene la ciudadanía con el Estado”, por ello planteó la necesidad de avanzar notoriamente para mejorar la transparencia y gestión financiera de los municipios.