• La fiscalización se enfocó en rendición de cuentas del fondo solidario transferido por el Ejecutivo a las municipalidades para enfrentar los efectos del Covid-19. 
• Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, destacó que hay niveles de cumplimiento formal importantes, pero que como Consejo se muestran “esperanzados” en un compromiso que vaya más allá de la ley, es decir, esfuerzos en transparencia proactiva. 

El Consejo para la Transparencia (CPLT) difundió los resultados de su fiscalización de cumplimiento al sector municipal, cuyo objetivo es establecer los niveles de acceso a la información que promueven estas entidades. Además, este año a partir de la renovación del modelo que por primera vez se aplicó con un foco en temas de alta relevancia para las personas, en este caso rendición de cuentas en materia de ejecución de recursos destinados para combatir el Covid-19.

La titular del CPLT, Gloria de la Fuente explicó que parte de la misión del Consejo es velar por la protección de derechos fundamentales de las personas como es el derecho a acceder a información pública. Y agregó que el nuevo modelo fiscalizador del CPLT se centra en el análisis de la situación de cumplimiento que los mecanismos dispuestos por los organismos para materializar las obligaciones emanadas de la Ley de Transparencia, enfatizando en temáticas de alto interés público.

En el caso de la fiscalización efectuada al sector municipal, el foco estuvo puesto en dos cuestiones: disponibilidad y acceso a rendiciones de cuentas de los aportes extraordinarios que el Ejecutivo transfirió a estas entidades para palear parte de los efectos de la pandemia por COVID-19, y antecedentes que, siendo exigibles por las normas de transparencia activa, resultan centrales para el control que la ciudadanía puede ejercer sobre la ejecución de los recursos administrados por las municipalidades, así como para el acceso de las personas a la oferta de beneficios, subsidios y servicios.

En el caso del derecho de acceso a la información, fiscalizado a partir de solicitudes de información bajo la modalidad de usuario simulado, el proceso buscó establecer si las personas tendrían o no acceso a antecedentes y detalles sobre la ejecución del llamado Fondo Solidario, transferido a casi la totalidad de municipios del país el 2020. En los casos de municipalidades que no recibieron dichos recursos, se quiso establecer si la ciudadanía podría acceder a detalles de la inversión de estas municipalidades para enfrentar la crisis sanitaria.

En relación a Transparencia Activa se revisaron cinco ítems de publicación: presupuesto asignado y modificaciones, programas de beneficios y subsidios, transferencias de fondos públicos, trámites y requisitos, y compras y contrataciones efectuadas por las municipalidades del país.

Buen cumplimiento formal, pero hay que ir más allá
De las 345 entidades fiscalizadas -entre mayo y junio de 2020-, éstas promediaron altos índices de cumplimiento acorde al proceso impulsado por el CPLT. En el caso de derecho de acceso a la información, el índice fue de 81 puntos sobre 100 en respuestas a solicitudes vía Ley de Transparencia. En el caso de transparencia activa, en tanto, la cifra bajó a 76 de un total de 100.

La probabilidad de ingresar con éxito una solicitud de acceso a la información y obtener respuesta por parte de los municipios es bastante alta: sólo en poco más del 10% de los casos los organismos no respondieron o no fue posible ingresar un requerimiento con fines de fiscalización por fallas en los sistemas municipales. Asimismo, en un 13,2% de los casos en que sí hubo respuesta, ésta se produjo fuera del plazo legal. Sin embargo, persisten brechas asociadas a respuestas parciales por parte de los organismos y a la entrega efectiva de la información.

Tras difundirse los resultados la presidenta del Consejo, valoró la evaluación y los alcances del nuevo modelo de fiscalización, enfatizando en la identificación de prácticas “que no se condicen con una adecuada rendición de cuentas. En particular asociadas a “respuestas incompletas ante las solicitudes de acceso a información por parte de la ciudadanía y a información efectivamente publicada, pero en muchos casos desactualizada, limitando las posibilidades de un control social efectivo a la gestión de los municipios”.

El proceso de fiscalización permitió también caracterizar las rendiciones de cuentas de los municipios que recibieron recursos debían realizar ante la Subsecretaría del Interior: el 70% de los fiscalizados que respondieron a la solicitud, presentó rendición de cuentas del gasto realizado de todo el período por el que fue consultado, y un  11 % no proporcionó acceso a dichos informes.

La representante del CPLT dijo: “Los municipios han sido fundamentales en el manejo de la pandemia en sus comunidades”. “Esperamos que los alcaldes y alcaldesas pasen del discurso pro transparencia a la práctica”, e ir más allá de las obligaciones que establece la normativa, añadió. Asimismo, comentó: “Como institución seguiremos reforzando los programas de fiscalización. Ya avanzamos con un cambio en el modelo o forma de fiscalizar, con procesos que nos permitirán advertir con mayor precisión dónde están los focos de incumplimientos”, espetó.

Principales hallazgos
La fiscalización evidenció que el 72% del presupuesto extra entregado a los municipios analizados (los 25 con más alta tasa de incidencia de casos covid-19 y capitales regionales, exceptuando Santiago) efectivamente se destinó a apoyar a las personas a partir de ayuda social y compra de vales o cupones de gas.  -en el caso de 11 municipios por un monto total superior a $700 millones-. La municipalidad de La Granja fue la que declaró haber realizado un mayor gasto social con $562.239.062 y la que menos dijo haber ejecutado con este fin fue Temuco, con $900.000.

Potenciar trabajo con municipios
“Como CPLT estamos esperanzados en que este nuevo ciclo donde asumieron recientemente las autoridades municipales se pueda llegar a metas más altas de cumplimiento. Como Consejo venimos desarrollando desde hace varios años una línea de trabajo con los municipios, que persigue una entrega de información actualizada y asesoría continua en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales”, agregó De La Fuente.