Con el objetivo de intercambiar experiencias y reflexionar sobre temas vinculados a la transparencia tras un año de pandemia por Covid-19, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, participó de un encuentro internacional sobre acceso a la información y restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, el que fue organizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) de El Salvador.

 

Algunas de las problemáticas planteadas en esta instancia se asociaron con el eventual peligro de acciones regresivas en materia de transparencia o la visualización de que las obligaciones impuestas por la normativa son un obstáculo para el quehacer de las autoridades.

 

Como contrapartida se destacó el rol que pueden ejercer los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y el rol de la ciudadanía desde el control social; el contar con un ecosistema integrado de instituciones y normativas que funcione; y un concierto internacional que reitere que derechos fundamentales como el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no quedan subordinados en estado de excepción constitucional.

 

En la instancia, la titular de Transparencia (CPLT) se refirió a las principales acciones impulsadas por la entidad que encabeza para garantizar el ejercicio fundamental de acceso a la información, como pieza clave de un ecosistema de transparencia, probidad y acceso a la información y anticorrupción “que se ha ido haciendo más sólido” y que ha permitido avanzar de manera sustantiva en estas materias.

 

Detalló también una serie de iniciativas que ha promovido el organismo que lidera y que están “muy en la línea de lo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que los derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales no quedan subsumidos en estado de excepción constitucional”.

 

Con este marco, De la Fuente, se refirió al control que pueden ejercer los ciudadanos y las organizaciones sociales para hacer exigibles estos derechos: “El poder generar garantías para la transparencia y acceso a la información pública no solo depende de los órganos garantes, que tienen un rol fundamental, sino de la ciudadanía, y es clave lo que la sociedad civil puede hacer en esta materia”.

 

En su intervención, la representante del CPLT expuso sobre experiencias adquiridas en el marco de la emergencia por Covid-19 en Chile y comentó que una de las cosas que se ha ido instalando a nivel nacional, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Transparencia 2.0 es que debe primar la transparencia activa, es decir, la mayor cantidad de información debiera estar publicada y la solicitud de acceso a la información debiera ser la excepción.

 

Respecto de restricciones a la entrega de información pública, De la Fuente expuso sobre causales de reserva específicas establecidas por ley, cada vez más acotadas en función de lo que la normativa establece, y sobre una jurisprudencia asentada.

 

Transparencia y salud

En materia de salud pública planteó que el Consejo para la Transparencia ha sido claro en su postura respecto de la gestión de la emergencia que parte importante de combatirla eficazmente “depende de que las personas legitimen y acompañen las decisiones de la autoridad, lo que tiene que ver con conocer los fundamentos de las decisiones”. Respecto de acciones asociadas a las cuarentenas o al proceso de vacunación aseveró: “Hay que entregar esta información a la ciudadanía, porque esto no solamente tiene que ver con el derecho fundamental sino también con la legitimidad y el éxito de las propias políticas públicas”, y apuntó a la relevancia de la transparencia activa y también proactiva.

 

Participaron además en este encuentro Cristina Pérez del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Funde-Alac), el director de estudios legales de FUSADES e integrante del grupo promotor, Javier Castro, y la periodista de investigación de Revista Factum, Jessica Ávalos.