En un fallo unánime, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta semana una resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que exigía a las isapres Banmédica y Consalud entregar información sobre sus estados financieros. Ambas aseguradoras presentaron un reclamo de ilegalidad ante el tribunal de alzada para dejar sin efecto la decisión del CPLT que, tras el amparo presentado por un ciudadano, le ordenó a la Superintendencia de Pensiones hacer entrega de dicha información.
Sin embargo, ambas isapres argumentaron que la divulgación de estos datos entre quienes no integraban su directorio, junta o propiedad, afectaría sus derechos económicos o comerciales por tratarse de información de carácter estratégico.
Durante la vista del caso en el CPLT, junto con recalcar que las isapres cumplen “un rol de protección social consagrado en la Constitución Política, como un derecho fundamental”, la institución acentuó que existe un evidente interés público comprometido en el acceso a la información solicitada, pues ésta propiciaría “el control ciudadano por parte de los cotizantes, respecto del correcto ejercicio de las funciones públicas de la Superintendencia de Salud”.
Por su parte, la Corte de Apelaciones ratificó estos criterios y ordenó la entrega de los datos requeridos a las aseguradoras, destacando que el acceso a la información pública permite, además, comprobar si el regulador ha ejercido correctamente sus competencias, ya que la adecuada y oportuna fiscalización de estos organismos no sólo es un deber para la Superintendencia de Pensiones, sino que también “es una garantía para el cotizante, para el correcto funcionamiento del sistema, y para la propia isapre, en cuanto evita que compita deslealmente”.
Asimismo, el tribunal de alzada recalcó que las aseguradoras cumplen un rol público y que su desempeño debe estar expuesto al control de los ciudadanos.