En el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para garantizar la accesibilidad universal a la información pública (Boletín N°16.358-35), el Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete Yáñez, junto al Director General de la institución, David Ibaceta, expusieron la posición institucional del CPLT y propuestas de mejora de dicho proyecto ante la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Durante la presentación, el CPLT destacó la importancia de promover y garantizar el acceso equitativo a la información pública para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. En ese sentido, se abordaron las modificaciones propuestas a la Ley de Transparencia (N°20.285), a la Ley sobre Procedimiento Administrativo (N°19.880) y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional (N°18.918), con el objetivo de eliminar barreras de acceso y fomentar el uso de tecnologías accesibles.
Entre los principales puntos expuestos, el CPLT enfatizó la necesidad de armonizar el mandato inmediato de digitalización del proyecto de ley con la Ley de Transformación Digital del Estado (N°21.180) ya aprobada, que establece una implementación gradual de la digitalización de los procedimientos administrativos. Asimismo, se advirtió sobre los eventuales costos económicos que implica la digitalización y adaptación de documentos a formatos accesibles, aspectos que no han sido debidamente cuantificados en el proyecto de ley.
Por otro lado, se plantearon preocupaciones respecto a las nuevas atribuciones que se establecían para el CPLT, específicamente en lo que respecta a una nueva causal de reclamo cuando la información no se entregara en formato universal. Ello, porque el establecimiento de nuevas funciones de servicios públicos es atribución exclusiva del Presidente de la República, de manera que mantenerlo podría hacer incurrir al proyecto en una eventual inconstitucionalidad.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la transparencia y la inclusión, instando a que las modificaciones legales se realicen en coherencia con la normativa vigente y en favor de una accesibilidad universal real y efectiva.
