A fines de enero el Consejo para la Transparencia despacho una carta a todas las reparticiones de gobierno. El objetivo asegurar que todos los entes públicos traspasen la información acumulada en los cuatro últimos años de gobierno a la nueva administración de Michelle Bachelet.
La recomendación aconseja a todos los funcionarios que dejan el gobierno respaldar debidamente toda la información y dejarla a disposición de las nuevas autoridades. También se aclara que toda la información que pueda ser requerida por los ciudadanos, como actas o presupuestos, deben quedar a disposición de la nueva administración, pero siempre asegurando el acceso a ésta a los ciudadanos que la requieran.
Un punto importante de la carta se centra en que toda la correspondencia enviada y recibida por la Presidencia de la República deberá quedarse dentro de la Administración del Estado, no siendo posible traspasar estos documentos originales a alguna fundación u otra entidad de derecho privado. Es obligatorio guardar los documentos en que consten actos declarados secretos o reservados en condiciones que aseguren su preservación y seguridad durante 10 años, para luego ser entregados al Archivo Nacional, como dispone la Ley de Transparencia.
Además el texto apunta a asegurar la coordinación entre los funcionarios de las diferentes reparticiones encargados de manejar información del Estado y los funcionarios que se encargarán de la misma labor durante la administración Bachelet.
