El día de hoy María Jaraquemada Hederra asumió la presidencia del Consejo para la Transparencia (CPLT) por un período de 18 meses, sucediendo a Natalia González Bañados quien culmina su labor conforme al mandato legal que establece la rotación del cargo entre sus 4 consejeros.
Entre sus prioridades estarán impulsar la modernización de la Ley de Transparencia, incorporar inteligencia artificial en los portales que administra el organismo y en su labor habitual, promover la transparencia en el uso de este tipo de tecnología en el Estado y fortalecer la línea de capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil.
Su gestión buscará dar continuidad y profundizar los cambios que ya se están desarrollando en el Consejo para facilitar el acceso de las personas a la información pública y que forman parte de su planificación estratégica trienal 2027-2029. Uno de sus principales énfasis será impulsar el avance legislativo de la propuesta de perfeccionamiento normativo “Nueva Ley de Transparencia para Chile”, que fuera entregada al presidente de la República y a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Ella busca concretar un sistema único de transparencia en el Estado, fortalecer la transparencia activa y los datos abiertos y avanzar en transparencia algorítmica, entre otras materias.
Dentro de sus objetivos también se encuentra la implementación de la agenda de modernización del CPLT, que busca incorporar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial como apoyo al trabajo institucional, la renovación del Portal de Transparencia, y el lanzamiento de un portal de datos abiertos que concentre la información hoy alojada en todos los portales que administra el CPLT, de manera que la ciudadanía pueda acceder a los antecedentes de manera más simple, clara y oportuna.
Otra prioridad será fortalecer los planes de capacitación dirigidos a la sociedad civil, para que más personas y organizaciones sepan cómo solicitar información a los organismos públicos y qué hacer cuando no reciben una respuesta, esta es insatisfactoria o los antecedentes están incompletos. El propósito es que las personas aprendan a utilizar la Ley de Transparencia para acceder a información relevante en asuntos que afectan su vida cotidiana y conocer cómo se toman las decisiones y se utilizan los recursos del Estado.
“Queremos que más personas sepan cómo usar las herramientas que la Ley de Transparencia pone a su disposición y que acceder a ellas sea cada vez más sencillo. Para eso, vamos a impulsar el uso de tecnología en nuestros procesos y portales y fortaleceremos la promoción del derecho de acceso a información pública en la sociedad civil. También impulsaremos una Ley de Transparencia 3.0 que responda a los desafíos actuales y que se traduzca en mejoras concretas para la ciudadanía”, señaló Jaraquemada.
Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, Jaraquemada integra el Consejo Directivo desde enero de 2024. Su trayectoria combina el trabajo en instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con especial dedicación a la probidad, la integridad y la lucha contra la corrupción.
En 2023 presidió la denominada “Comisión Jaraquemada”, comisión asesora ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, que fue convocada por el entonces presidente Gabriel Boric tras el “Caso Convenios”. La instancia entregó 46 propuestas para fortalecer la probidad, la transparencia y el control de los recursos públicos transferidos a fundaciones y corporaciones. También fue directora ejecutiva de Chile Transparente y ocupó cargos directivos en Ciudadanía Inteligente y Espacio Público.
Jaraquemada sucederá a Natalia González, durante cuya presidencia el Consejo presentó la propuesta de “Nueva Ley de Transparencia para Chile”, inició el camino para incorporar herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en el quehacer institucional, y desarrolló iniciativas para acercar la transparencia y la probidad a la ciudadanía. Entre ellas destacó el lanzamiento de Aula Transparente, plataforma educativa gratuita que contiene una serie de cursos para la sociedad civil y funcionarios públicos.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública y fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Ante infracciones, puede iniciar procedimientos sancionatorios que, luego de tramitarse, pueden terminar en multas de entre un 20% y un 50% de la remuneración mensual de la autoridad respectiva y/o los funcionarios responsables.
