• El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha recibido un 12% más de solicitudes de acceso a la información (SAI) que lo registrado a septiembre de 2018.
• Los registros de la entidad muestran requerimientos en su mayoría anónimos –dado que no es requisito identificarse para presentarlos- relacionados con temas de salud, “grupos especiales” –pueblos originarios, migración, entre otros-, y economía y finanzas.

De acuerdo a estadísticas del Consejo para la Transparencia (CPLT), la entidad registró un total de 173.900 las solicitudes de acceso a la información (SAI) dirigidas a entidades públicas de la administración central del Estado a septiembre de 2019. Esto equivaldría a un 12% más de la cifra registrada a igual fecha el año pasado.

 

Para el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada esto constituye evidencia empírica de los avances logrados en materia de transparencia en los once años que han transcurrido desde la creación de la institución que lidera, y del impacto que puede tener el uso de la Ley de Transparencia y de las instrumentos que se han puesto a disposición de la ciudadanía para promover el control ciudadano. Al respecto puntualizó que: “La Ley de Transparencia es una herramienta que ha demostrado su eficacia. Hemos conocido más de 100 casos de irregularidades gracias al uso de esta, debido a las solicitudes de acceso a la información de personas comunes y corrientes y de periodistas para sus investigaciones, un número que ha ido en aumento año a año”.

 

En el año en curso, el mes que ha registrado la mayor cantidad de SAI fue abril, lo que coincidió con la celebración del CPLT de su solicitud de acceso a la información 1 millón, según detallan registros desde la creación del Consejo. En relación a las cifras totales de ingresos de este tipo de solicitudes ante el CPLT, estas muestran una tendencia al alza desde 2013, año en que inició su funcionamiento el vía Portal de Transparencia, y se espera que en 2019 se supere el número total registrado el año anterior que fue de poco más de 207 mil requerimientos.

 

Jaraquemada apunta a la necesidad de insistir en el fomento al uso de la Ley de Transparencia, dado que no sólo permite acceder a información que puede haber sido denegada por una entidad o puede subsanar una respuesta considerada parcial o insuficiente por quien la requiere, sino también posibilita el ejercicio de otros derechos. Asimismo, subrayó que “Hace falta seguir avanzando, los estándares de transparencia que exige la sociedad actual no son los mismos de hace 10 o 15 años y las autoridades e instituciones deben entender que las exigencias son mayores, no sólo en el ámbito público sino también en el privado”.

 

Las tres instituciones que han recibido más consultas hasta septiembre de 2019 son la Subsecretaría de Bienes Nacionales con 8.834 solicitudes, la Subsecretaría de Educación con 4.321, la  Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con 3.592. De cerca le siguen Gendarmería de Chile con 3.422 y la Dirección del Trabajo (DT) con 3. 162. Este top cinco se mantiene con algunas variaciones de acuerdo a datos históricos entre 2013 y 2019.

 

Temas de las solicitudes y perfil del requirente

Con respecto al detalle de las solicitudes que se han recibido en 2019, el Consejo informó que las principales temáticas a las que apuntan las SAI refieren a las categorías de salud, “interés general” –vinculadas a pueblos originarios, migración entre otros- y economía y finanzas.

En tanto, no se cuenta con información confiable respecto del perfil del solicitante dado que no se exige identificación a la persona que realizada una SAI. En relación al anonimato del requirente el titular del CPLT afirmó que: “condicionar al solicitante a entregar su RUT desalienta el ejercicio del derecho de acceso, porque pone obstáculos y es un desincentivo al momento de efectuar un requerimiento de acceso a la información y ese no es el camino, por el contrario”.

Jaraquemada explicó además sobre el particular que “Actualmente la Ley de Transparencia dispone que toda solicitud de acceso a información pública debe contener nombre, apellido y dirección de la persona que la requiere o de su apoderado. Pero si el solicitante decide no entregar información fidedigna eso no impide que llevemos adelante su requerimiento, esto es muy relevante porque lo que buscamos es promover el uso de la ley y no queremos abrir una brecha para posibles represalias en este ejercicio que es un control social efectivo y un mecanismo de prevención de la corrupción”.