Los canales digitales de denuncia fueron propuestos por el Consejo para la Transparencia en el mes de mayo a la Comisión respectiva y forman parte de las medidas destacadas en el Acuerdo por la Seguridad Pública, paquete de proyectos firmado esta mañana en La Moneda.

El presidente de la entidad, Marcelo Drago, aprovechó de señalar la necesidad de derogar el “bolsón de opacidad” que constituye el artículo 436 de Código de Justicia Militar, y que permite aludir a causales de reserva para denegar información por afectar bienes jurídicos consignados en la Constitución.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) destacó positivamente los anuncios del Ejecutivo difundidos esta mañana en el marco de la firma de los proyectos de ley del Acuerdo de Seguridad Pública realizado esta mañana en La Moneda. En particular se refirió a la implementación de canales de denuncia anónimas vía página web, con el objetivo de generar nuevas instancias de fiscalización y con ello impedir acciones de defraudación, como la que se detectó en el marco del millonario fraude en Carabineros.

Sobre el particular, Drago recordó que esta idea es parte de un paquete de iniciativas que se expusieron a la Comisión de Seguridad comandada por el  Ministro del Interior, Andrés Chadwick en el primer semestre de este año, orientadas a mejorar la identificación, investigación y sanción de casos de corrupción.

“Ciertamente para nosotros el canal de denuncia es una medida necesaria y efectiva, de hecho fue parte de las recomendaciones que hicimos como CPLT en la Comisión de Seguridad en mayo del presente año en La Moneda, agregando la relevancia de estos canales queden disponibles tanto para funcionarios como para la ciudadanía en general. Fuimos enfáticos en señalar que éste debe permitir que las denuncias se efectúen tanto por personas pertenecientes a la institución como ciudadanos comunes y corrientes”, comentó el titular del CPLT.

Asimismo, el representante del Consejo aludió a estándares internacionales que destacan una serie de ventajas de estos métodos de denuncia afirmando que según lo que ha indicado el Committee on Standards in Public Life, Tenth Report, de Reino Unido “el whistleblowing o las denuncias internas de irregularidades efectivas son elementos clave en la estrategia para desafiar comportamientos irregulares en todos los niveles de una organización. Es al mismo tiempo un instrumento en apoyo del buen gobierno y una manifestación de una cultura organizacional más abierta”.

El Consejo advierte que algunos de los aspectos que deben cuidarse al poner en marcha estos canales refieren a la claridad en normas y procedimientos internos para realizar la denuncia y la protección del denunciante para no obstaculizar las eventuales imputaciones.

“Este sistema debe garantizar la protección contra cualquier trato injustificado derivado de las denuncias realizadas, asegurando que los mecanismos de control contemplen procedimientos claros que faciliten las denuncias ante las autoridades. La denuncia debe ser confidencial y sin temor a represalias”, acotó Drago.

Finalmente, uno de los puntos abordados por la propuesta del Consejo refiere a la necesidad de limitar la aplicación de causales de reserva o secreto y que queden circunscritos a ámbitos relacionados sólo con el orden público, la seguridad pública, entre otras materias específicas.

“Para darle mayor fuerza a la iniciativa del Ejecutivo es indispensable modificar o incluso derogar el artículo 436 de Código de Justicia Militar, el CPLT ha estimado que es una norma previa a la reforma constitucional de transparencia y que requiere profundas modificaciones para ser compatible con la Carta Fundamental. Este es el principal nicho o bolsón de opacidad en materia de acceso a la información que obra en poder de las Fuerzas Armadas y Carabineros, e impide el control social de estas instituciones”, concluyó Drago.