Presidente del organismo sostuvo que la probidad debe seguir siendo un principio rector para los funcionarios públicos.
Esta semana la sala del Senado aprobó por unanimidad, en general, el proyecto en primer trámite constitucional, que fortalece la integridad pública y que aborda, entre otras materias, prácticas de nepotismo.
Ante ello, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, salió a valorar este hito del proceso y comentó “que la probidad es y debe seguir siendo un principio rector en nuestro quehacer como funcionarios públicos”.
Drago recordó que el Consejo para la Transparencia ha participado en equipos técnicos colaborando con la implementación de la agenda de probidad y transparencia “con el fin de hacer aportes que la enriquezcan, puesto que es clave en darle continuidad como política de Estado”.
El titular de Transparencia destacó el aporte de la iniciativa que regula y elimina ciertas prácticas y subrayó que desde el Consejo se consideraba una prioridad enfrentar los conflictos de interés en las contrataciones de Estado, así como “abordar el deber de abstención que tienen los funcionarios públicos, chequear y regular la contratación de parientes no sólo dentro de la propia jerarquía sino en cualquier sector del Estado son pasos en el camino correcto”.
Asimismo, el titular de transparencia insistió en la relevancia de una mayor participación de la ciudadanía y del ejercicio de un control social como elemento central en favor de la probidad y en el combate contra la corrupción.
“Tenemos que propiciar fórmulas y procedimientos que permitan ir erradicando prácticas que permitan fortalecer y avanzar en el restablecimiento de las confianzas de los chilenos y chilenas hacia el sector público. Hoy no son los golpes de Estado los que ponen en jaque a la democracia, sino la crisis de confianza hacia las autoridades y organizaciones en general”, afirmó.
Entre los aportes del CPLT a la iniciativa de ley se cuenta el establecimiento de “listas negras” de contratación con el Estado para personas naturales y empresas que hayan tenido participación en delitos de soborno o cohecho.
