Un positivo balance fue el resultado tras dos días de seminario internacional Implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile. Mediante este encuentro el Consejo para la Transparencia celebró el primer año de entrada en vigencia de la Ley 20.285.

El seminario alcanzó una concurrencia destacada por la mayor parte de los expositores, ya que superó los novecientos participantes durante los dos días que duró el encuentro.

 

En sus palabras de cierre, el Director General de la organización, Raúl Ferrada, hizo un repaso por los principales logros alcanzados desde la formación del Consejo hace un año atrás, convertida hoy en una institución basada en procesos, con un modelo de valor orientado al cliente.

 

Ferrada mencionó también los desafíos futuros, como colaborar en la mejora de una política de archivos y asumir las atribuciones que entregaría al Consejo la ley de protección de datos personales, actualmente en discusión. Para esta última, dijo, se hace necesario revisar la estructura organizativa y el modelo decisional del CPLT, así como recibir “los recursos necesarios para abordar debidamente esta nueva función, sin comprometer la tarea de resguardar el Derecho de Acceso a Información Pública”. El Director General agradeció, además, a todos los funcionarios que hicieron posible los resultados que hoy muestra orgulloso, y que hacen confiar en el logro de las metas mencionadas.

 

Anunció, además, que el Consejo propondrá al Presidente de la República y al Congreso Nacional, un conjunto de perfeccionamientos normativos:

• Perfeccionar el sistema de notificación de terceros que puedan verse afectados por una solicitud de información
• Ampliar los plazos de tramitación de amparos
• Implementar instancias alternativas de solución de conflictos
• Perfeccionar la tramitación del reclamo de ilegalidad, evitando que su notificación pueda dilatarse y que su interposición se practique en más de una Corte de Apelaciones
• Facultar expresamente al Consejo para exigir a los órganos públicos que le entreguen información para fines de fiscalización, estudios y estadísticas
• Establecer, como conducta sancionada, el incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y las demás normas sobre la materia y ampliar el arco de sanciones existentes
• Reformar la actual estructura del Consejo Directivo para asegurar su debido y continuo funcionamiento.

 

El Director General terminó su discurso con una cita a Edgardo Boeninger, quien plantea que

“La agenda de transparencia contiene una normativa indispensable para erradicar malas prácticas y conductas reprochables, así como para disipar sospechas de corrupción y la desconfianza ciudadana en autoridades políticas y funcionarios del Estado.

Si se tiene éxito en esta tarea, que las autoridades públicas deberán respaldar en los próximos años con recursos suficientes y apoyo político claro para vencer las inevitables resistencias, sobrevendrá una verdadera revolución cultural en el Estado y el país….”

 

Medidas anunciadas por ministro Larroulet

Por su parte, el Ministro Secretario General de la Presidencia, dio a conocer siete puntos que impulsará el gobierno, tendientes a fortalecer la transparencia.

 

El secretario de gobierno resaltó la importancia de la formulación de la ley, gestada por una moción de dos senadores de distinta tendencia política durante el gobierno de Michelle Bachelet –Hernán Larraín y Jaime Gazmuri- , y que logró un espíritu de unión y consenso transversal, “el mismo espíritu que hará que Chile enfrente el desafío de la reconstrucción del país”, dijo. 

•  Proponer el perfeccionamiento de la ley para hacerla más eficaz y profundizar sus efectos, aocgiendo las sugerencias realizadas por un grupo de senadores, y por el propio Consejo para la Transparencia.
• Impulsar la discusión en el Congreso sobre el fideicomiso ciego, enviando una nueva propuesta que perfecciona el proyecto en trámite.
• Buscar avances para modificar las declaraciones de interés y de patrimonio.
•  Promover la informatización del proceso, para hacerlo más expedito y facilitar la fiscalización por parte de Contraloría.
• Promover una nueva legislación para normar los cargos aquellos funcionarios que dejan el sector público para trabajar en el privado.
• Profundizar y perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública, extendiéndolo al nivel central y regional.
• Mejorar la institucionalidad para auditorías al interior del aparato público
• Avanzar en la implementación de la ley, especialmente en el buen manejo de archivos.