La normativa general de protección de datos personales que nos rige a través de la Ley Nº 19.628, data de hace casi 20 años, y requiere de una urgente y necesaria actualización. Con el fin de zanjar esta brecha, la Sala del Senado recientemente aprobó en general el proyecto que Crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Boletines refundidos Nºs 11144-07 y 11092-07), avanzando así en su tramitación esta importante iniciativa, la cual busca poner a nuestro país como uno adecuado en la protección de datos personales.
Durante su discusión en Sala, las opiniones de los senadores apuntaron en lo necesario y urgente que resulta este proyecto para las personas, así como la revisión del estatuto de la agencia, apuntando a mayores estándares de autonomía e independencia del poder político. Luego de ser aprobado en general, se abrió un periodo de indicaciones hasta el 10 de Mayo del presente año.
En paralelo a esta modificación legal, se tramita ante la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, la reforma que busca garantizar constitucionalmente la protección de los datos personales. Durante su tramitación legislativa el Consejo fue invitado a exponer sus observaciones y sugerencias al proyecto, siendo finalmente este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional.
Si estas modificaciones son ratificadas por el Senado, se convertirán en una importante garantía de carácter constitucional para un derecho que cada día cobra mayor importancia, en atención a los cambios surgidos en materia de protección de la información y atendido el desfase de nuestra legislación con el resto del mundo.
El que se consagre constitucionalmente este importante derecho fundamental, y se avance por otro lado en la actualización de nuestra normativa en materia de protección de datos personales, creando un órgano que garantice el efectivo cumplimiento de la ley, significará un cambio sustantivo en la calidad de vida de los chilenos y chilenas, quienes hoy se encuentran mayormente desprotegidos de un eventual uso malicioso de sus datos.
Chile necesita urgentemente un marco normativo que actualice el catálogo de derechos fundamentales, reconociendo la autodeterminación informativa y permitiendo contar con una legislación e institucionalidad que pueda hacer frente a los cambios vertiginosos en los que nos hayamos inmersos, fruto del desarrollo tecnológico. Las personas, como sujetos individuales dotados de derechos y obligaciones, y también como consumidores, necesitan sentirse protegidas jurídicamente frente los abusos cuando el marco jurídico se torna retrógrado, como ocurre muchas veces en sectores tan importantes de nuestra economía, tales como el sector comercio, farmacias, etc.
Resulta esperable que tanto la modificación legal que actualiza nuestra legislación en materia de datos, así como la reforma que busca consagrar este derecho constitucionalmente, se transformen en solo un primer paso para una adecuación permanente de nuestro ordenamiento jurídico a las nuevas formas de comunicarse a nivel global.
