Un valioso reporte es el que recogió el Estudio Mide-UC a petición del Consejo para la Transparencia, en un proceso que se llevó a cabo entre noviembre de 2009 y febrero de 2010. En total se efectuaron cinco estudios de carácter exploratorio, con métodos cualitativos y cuantitativos que permiten complementar información general sobre el Consejo para la Transparencia y su desempeño durante 2009.

A nivel cualitativo se realizaron los estudios de caracterización de los clientes del Consejo y en lo cuantitativo la encuesta nacional de posicionamiento, la caracterización de los clientes públicos y la encuesta de satisfacción de clientes.

En relación al tipo de público usuario del Consejo para la Transparencia, la investigación permitió generar y caracterizar tres tipos principales: los clientes potenciales (ciudadanía en general que podría hacer uso de la Ley), clientes públicos (funcionarios públicos y los encargados de las unidades de transparencia en las diversas reparticiones) y los clientes privados (aquellos ciudadanos que de abril de 2009 a la fecha han recurrido al Consejo con un Reclamo o consulta.

La evaluación presenta un gran desafío, ya que a nivel de posicionamiento señala que sólo 20% de los chilenos saben que existe una ley que les permite acceder a información de los organismos públicos y el 29% declara saber que durante 2008 se promulgó una Ley de Transparencia. Más aún, sólo el  18,7% declara haber escuchado hablar del Consejo para la Transparencia. Sin embargo, aquellos ciudadanos que no conocen el CPLT, cuando se les explica su rol y características, muestran una excelente percepción valorando especialmente su carácter autónomo, ya que lo interpretan en términos de independencia política.

Este primer estudio desarrollado por el Consejo para la Transparencia constituye el punto de inicio en la construcción de una línea base que permitirá ir midiendo cada año los avances en el conocimiento y valoración que los chilenos le dan al derecho de acceso a la información y a la labor del mismo Consejo. A la vez, se posiciona como el primer estudio a nivel nacional sobre conocimiento, comprensión y significación del derecho de acceso por parte de los chilenos.