Este miércoles 9 de febrero de 2011 venció el plazo fijado por el Consejo para la Transparencia en su decisión C396-10 para que el Ministerio de Defensa entregue los antecedentes y documentación relativa a la adquisición de un puente mecano para instalar sobre el río Bíobío, debido a los efectos del terremoto de 2010.

Cumpliendo con ello, el Ministerio de Defensa ha concurrido al Consejo para la Transparencia para entregar la información y ha informado que también se la envió al ciudadano requirente (el abogado Paulo Montt). El Consejo valora positivamente la actitud del Ministerio de Defensa, pues representa una muestra de respeto por la institucionalidad que se ha dado Chile en materia de transparencia a partir de la Ley de Transparencia de 2008, y que encabeza el Consejo para la Transparencia como organismo garante del derecho de acceso a la información pública que tienen las personas.

Con todo, el Consejo advierte que la recepción formal de la información no implica que se esté pronunciando sobre si el contenido de aquélla se ajusta a la decisión del Consejo.

De igual manera, el Consejo destaca los anuncios del Ejecutivo sobre la derogación de la Ley Reservada del Cobre y espera que culminen con éxito y que la derogación se extienda a todas las leyes secretas aún vigentes en Chile.

Conviene recordar que originalmente el Ministerio se negó a entregar esta información, por lo que el peticionario acudió entonces al Consejo para la Transparencia. Si bien Defensa alegó que la entrega de esta información afectaría la defensa nacional y que la compra se había hecho aplicando la Ley Reservada del Cobre, el Consejo estimó que al tratarse de una obra expuesta al público y de uso civil sus características serían conocidas por todos, lo que descartaba tal afectación. A ello se sumó que tampoco Defensa justificó que el puente fuese un equipo o pertrecho militar.

En cuanto a la Ley Reservada del Cobre el Consejo decidió que esta, tras la reforma constitucional de 2005 y la aprobación de la Ley de Transparencia en 2008, sólo podía justificar el secreto cuando la revelación de la información afectase la seguridad de la nación, lo que no ocurría en este caso. Lo contrario supondría aceptar un peligroso bolsón de opacidad que debilitaría seriamente el principio democrático en que se basa la institucionalidad pública chilena. Por ello se envió un oficio al Ejecutivo manifestando la preocupación del Consejo por la existencia en Chile de leyes secretas.