Por tres días, se concretará una asistencia técnica al Gobierno del país centroamericano, que se encuentra impulsando su primera ley de acceso a la información pública.
Este año, la Ley de Transparencia en Chile cumple una década desde su promulgación. La norma no sólo ha empoderado a los ciudadanos, promoviendo la participación y la lucha contra la corrupción, sino que además, ha proporcionado una experiencia que ha servido para colaborar con otros países que se encuentran promoviendo sus leyes de acceso a la información.
Este es el caso de Costa Rica, que por segunda vez, recibirá a una delegación del Consejo para la Transparencia de Chile (CPLT) para concretar una asistencia técnica. La visita, financiada con el apoyo de Fondo Chile, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), servirá para traspasar conocimientos ligados al acceso a la información en gobiernos locales y el fortalecimiento de la llamada “transparencia activa”, que es la disponibilización de datos en formatos abiertos a través de internet.
“La implementación de esta política pública, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas son fundamentales. Chile, que lleva una década en este camino, ha presenciado directamente los frutos de la colaboración con otras naciones y es por eso que el CPLT tiene la convicción de la relevancia de mantener las puertas abiertas entre los países”, señaló Francisco Javier Leturia, consejero del CPLT, quien lidera la delegación que en Costa Rica será recibida por el Vice Ministerio de la Presidencia.
El proceso de acompañamiento del CPLT en el país centroamericano consta de varias fases y se extenderá hasta este año. Además de encuentros y reuniones con autoridades, la delegación chilena realizará una serie de talleres para funcionarios públicos entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.
Desde que la Ley de Transparencia entró en vigencia en Chile en 2009, el CPLT ha desarrollado un proceso de implementación y acompañamiento en otros países de la región, como Argentina, cuya norma de acceso a la información fue promulgada en 2016. El mismo trabajo de cooperación se realizó con Paraguay y El Salvador durante el año 2015.
