En el mes de marzo de este año debería ser analizado y votado en la Cámara de Diputados, el proyecto que busca reconocer como un derecho fundamental la Protección de Datos Personales, entregándole al ciudadano la facultad de controlar sus datos y decidir libremente sobre los mismos.
La iniciativa, de autoría de los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya, Ricardo Lagos, Hernán Larraín y Eugenio Tuma, ha sido señalada en numerosas veces como prioritaria por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que actualmente es el organismo de velar por el cumplimiento de la ley que protege los datos de carácter personal en los organismos públicos.
El proyecto que hoy está en discusión ingresó a trámite en el año 2014 y además de ser patrocinado con urgencia por el actual Gobierno, sumó una nueva indicación sustitutiva de parte del Ministerio de Hacienda.
Esta propuesta coincide con el proyecto presentado por los parlamentarios, pero acota la modificación realizada originalmente y propone transformar el artículo 19 de la Constitución, que además de asegurar “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas”, resguardaría también “los datos personales” de los ciudadanos.
“La propuesta de Hacienda se condice con los planteamientos que el CPLT ha realizado frecuentemente sobre esta materia: la protección de los datos personales es una necesidad de carácter prioritario, pues tiene implicaciones que además de fortalecer un derecho inalienable para nuestros ciudadanos, influye en el desarrollo económico y comercial de nuestro país. El reconocimiento constitucional de este derecho es un paso trascendental en el empoderamiento de todos los chilenos”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago, que sin embargo recalcó que aún nuestro país se encuentra al debe en materia de Protección de Datos.
“Todavía están en discusión las normas que modernizan nuestra Ley de Protección de Datos Personales y otra que crea una Agencia de Protección de Datos dependiente del Ministerio de Hacienda. Esto no armoniza con los estándares ni recomendaciones más avanzadas a nivel internacional, ya que la futura regulación debe contar con una autoridad de control autónoma e independiente y el CPLT ha manifestado en innumerables ocasiones su disposición para ejercer esta labor”, agregó Drago.
