El Consejero del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, participó en discusión sobre Proyecto de Ley que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional (INE) en la Comisión de Economía del Senado. El objetivo es dar a conocer observaciones y propuestas sobre perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información, respecto a este proyecto de ley.
El proyecto propone mejorar la actual regulación del secreto estadístico. Se actualiza el concepto de secreto, su alcance y el ámbito de aplicación, para que el INE pueda mantener la información en reserva hasta que sea divulgada por la autoridad competente.
Al respecto la postura del Consejo para la Transparencia hace hincapié en los siguientes puntos:
1) La importancia de regular debidamente causales de reserva o secreto relativas al secreto estadístico. El Consejo para la Transparencia reconoce la necesidad de que legislativamente se regule de forma adecuada el secreto estadístico. Por lo tanto, no se opone a la existencia de causales de secreto o reserva cuando se trata de la protección de datos personales. No obstante, el proyecto de ley debe lograr un justo equilibrio en mantener el acceso a la información y la protección de ciertos datos, permitiendo el control social y la revisión por parte de órganos independientes.
2) La ampliación del secreto afectaría el control social y la confianza pública en las cifras oficiales. Las solicitudes de acceso a la información y respectivos amparos en materia estadística, ponen en evidencia la necesidad de conocer y revisar antecedentes o bases de datos en los que se fundan las cifras oficiales. Lo anterior ha exigido darle un contorno objetivo al secreto estadístico, permitiendo el acceso no sólo a cifras oficiales sino también a información no oficial, cifras intermedias y a datos que carecen de calidad mínima. Toda esta información es necesaria para poder contrastar y evaluar la calidad de las cifras oficiales, facilitando el control social. Los criterios anteriores han sido ratificados por los Tribunales Superiores de Justicia.
3) La redacción actual impide un control de la denegación de acceso a la información por un tercero imparcial. El proyecto de ley actual presume el grave daño al sistema y valida a priori una eventual denegación de un cumulo de información bajo la exclusiva calificación del INE.
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