A la medianoche de este 31 de marzo se acaba el plazo para que autoridades y funcionarios públicos entreguen sus declaraciones de intereses y patrimonio para cumplir con lo contenido en la ley 20.880 de Probidad en la Función Pública.

Según esta norma, las declaraciones y sus concernientes actualizaciones, se deberán efectuar a través de un formulario electrónico único, que será revisado por los respectivos jefes de servicio. Después de esa primera etapa, que concluye hoy, se derivarán las declaraciones a la Contraloría, las que una vez revisadas, serán remitidas al Consejo para la Transparencia para su posterior publicación en el sitio www.infoprobidad.cl

Es importante considerar que no todas las declaraciones deben estar disponibles en esta página web. Según el respectivo reglamento, sólo son públicas las declaraciones de, por ejemplo, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, alcaldes, concejales y otras autoridades.

El resto de las declaraciones, que conforman el grueso de los funcionarios que por la nueva ley deben declarar, no serán públicas en el portal, pero quedarán en resguardo del órgano fiscalizador del poder correspondiente.

Estas obligaciones forman parte de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno y buscan elevar los estándares y exigencias para quienes ejercen funciones en alguna institución del Estado, revelando su situación patrimonial mientras ejercen su cargo.

De hecho, la ley es clara en señalar que las declaraciones “deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de asunción del cargo y deberá actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año. Además, deberá actualizarse por última vez dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones”.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, destacó la utilidad del sitio: “esta plataforma permite que cualquier persona, desde cualquier parte del país, verifique y fiscalice el cumplimiento de la norma y las declaraciones publicadas. Sin embargo, creemos que nuestro rol más importante es promover entre ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos la importancia que tiene cumplir con la Ley de Probidad y de cómo esta norma fortalece la democracia y el control social”, señaló.

Los declarantes deberán reportar, por ejemplo, bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes para evitar irregularidades o anomalías que podrían afectar sus labores al interior de una institución.

Hasta este mediodía ya se encuentran en línea 2.895 declaraciones publicadas: 14 de ellas corresponden a ministros de Estado; 22 son de subsecretarios; 268 de alcaldes y 1.500 son de concejales. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Contraloría se encuentran en proceso de análisis alrededor de 60 mil declaraciones.

En este contexto, el proceso de actualización de la plataforma será permanente y sostenido, lo que deriva en que cada vez habrá más información disponible para el análisis y control social, cumpliéndose de esta manera con el espíritu de esta importante innovación legal.